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MUJER MUERTA TRAS EMBESTIDA DE LADRONES EN MOTO

Caso Dalpozollo: Tribunal dirime la cuestión que marcará el juicio.

La defensa sostiene que debe respetarse el criterio dado por la Cámara de Apela­ciones.

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El Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2) de la ciudad de Corrientes delibera respec­to a una cuestión nodal que determinará el trayecto que tomará el juicio por la muer­te de Roxana Dalpozzolo, iniciado anteayer con la lec­tura de la pieza acusatoria contra los dos encausados: Nahuel Ortiz Verdún y Ga­briel Gauna.

El meollo a dirimir es si la Fiscalía puede o no ampliar su acusación (prevista en el artículo 406 del Código Pro­cesal Penal de la Provincia), lo que resultaría de un in­cremento de la pena poten­cial que ambos recibirían en caso de ser condenados.

Es que a raíz de un dicta­men de la Cámara de Ape­laciones de Corrientes, los encartados fueron procesa­dos por el Juzgado de Ins­trucción Nº 3 bajo figuras delictivas dispares: Ortiz Verdún está acusado del de­lito de “robo”, cuya víctima fue Irma Dolores Correa; y Gauna, por el “homicidio culposo por conducción antirreglamentaria de ve­hículo automotor agravado por la huida del conductor” en perjuicio de Roxana Dal­pozzolo. En abstracto, cada uno podría recibir como pena máxima respectiva 5 y 6 años de cárcel. Con más de un año presos, por el hecho podrían solicitar el benefi­cio de la libertad progresi­va a partir de mediados de 2020. “Queremos la pena máxima: son indefendibles, ellos mataron a nuestra hija”, habían dicho Edgardo Dalpozzolo y Cristina Fer­nández, los padres de Roxa­na, a NORTE de Corrientes en vísperas de la apertura del debate.

“No, no acepto (la repa­ración), lo que yo quiero es justicia: lo que la sociedad espera es que paguen por lo que hicieron”, afirmó Co­rrea al comparecer en la pri­mera audiencia ante el TOP 2 como víctima del robo. Luego de oír la opinión de la víctima y del fiscal Gustavo Schmitt, los jueces Héctor Azcona, Juan José Cochia y María Zair Nicolás rechaza­ron el planteo de la defensa de Ortiz Verdún, a cargo de los doctores Guillermo Ro­jas Busellato y Hugo Sando­val, para aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba o “probation”. El imputado había ofrecido reparar el daño con el pago de $5.000 en dos cuotas y la realización de tareas comu­nitarias durante 6 meses.

Pero luego de que el fiscal Schmitt anticipara su inten­ción de volver a la primera calificación del hecho como “homicidio en ocasión de robo” (tal como lo viene sosteniendo el querellan­te Martín Ríos) la defensa planteó la nulidad con base en el criterio adoptado por Apelaciones.

Ante la “complejidad” de la cuestión, el TOP 2 llamó a cuarto intermedio hasta el miércoles 13, a las 8, mo­mento en que deberá dar a conocer su pronunciamien­to y definirá el futuro de este relevante juicio. s

Los jueces deben resolver si el fiscal puede ampliar su acusación. De dene­garlo, la pena máxima que podrían re­cibir los 2 imputados será de 6 años.

El fiscal Schmitt adelantó que en sus alegatos va a acusar por “homicidio en ocasión de robo”.

“Actuaron con desprecio a la vida ajena”

Al pronunciarse en contra de la aplica­ción del beneficio de la suspensión del jui­cio a prueba en favor del imputado Nahuel Ortiz Verdún, el fiscal Gustavo Schmitt resal­tó la “violencia” y “pe­ligrosidad” del sujeto, las cuales quedaron plasmadas en la for­ma en que le quitó la cartera a Irma Correa, a quien hizo caer de su moto (en la que iba con uno de sus hijos, menor de edad) y lue­go en el suelo la golpeó dos veces en la cabeza (tenía el casco puesto) para quitarle el ele­mento.

“Actuaron con abso­luto desprecio por la vida ajena”, resaltó.