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La deuda pendiente del Congreso

La apertura legislativa es aún una deuda pen­diente en el país. Con la ley de acceso a la infor­mación ya sancionada, comienza el desafío de su implementación.

Por tercera vez consecutiva, el país se ubica en uno de los últimos lugares en materia de transparencia legislativa en América Latina. Así surge de los resultados del Índice Latinoa­mericano de Transparencia Legislativa, medido por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa en 13 países de la región, donde Argentina obtuvo tan sólo un 39% de apertura, sólo por encima de Repúbli­ca Dominicana y Venezuela. Y lamentablemente, esto no es una sorpresa.

El Congreso, una de las instituciones más despresti­giadas por la opinión pública (junto a los partidos po­líticos y las fuerzas de seguridad), es el que más debiera estar inte­resado en abrirse a la ciudadanía, transparentar su administración y el proceso de toma de decisiones públicas y buscar, de este modo, elevar su imagen y acercarse a la ciudadanía, que en definitiva es quien vota sus integrantes.

Daniel Scioli, cuando fue pre­sidente del Senado (entre 2003 y 2007), modernizó esa cámara mejorando los sistemas admi­nistrativos e implementando el sistema de voto nominal. Alber­to Balestrini, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados entre 2005 y 2007, también instrumentó la votación nominal, además de ser el primer presidente que dispuso la publicidad de las declaraciones juradas (de acuerdo a la Ley 25.188 de Ética Pública). Julián Domínguez, mejoró la situación edilicia de Diputa­dos que se encontraba en grave estado, reformando despachos, pasillos y espacios comunes del Palacio y Anexo A. Sin embargo, ninguna de las administracio­nes de ambas cámaras ha tomado la transparencia le­gislativa como el eje principal de su gestión.

Mientras que las dos primeras dimensiones del Ín­dice sobre “Normatividad” y “Labor del Congreso” son las que mejor ubican a nuestro Parlamento (con un 57% y 53% respectivamente), las que peor se encuen­tran son la de Presupuesto y Gestión Administrativa (27%) y Participación y Atención Ciudadana (32%).

Agustina De Luca, directora de Transparencia Le­gislativa y Construcción de Consensos de Directorio Legislativo, hace hincapié en la reciente sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública en septiembre de 2016, luego de más de 16 años de luchas, campa­ñas, insistencias, reuniones y documentos por parte de activistas, académicos y organizaciones de la so­ciedad civil que nunca bajaron los brazos para contar con esta Ley. “Es precisamente esta normativa la que se espera que pueda saldar las falencias actuales -o al menos gran parte de ellas-, dado que obliga al Congreso a transpa­rentar su gestión administrativa, mediante un capítulo ejemplar de transparencia activa, así como también al regular los pedidos de acceso a la información pública, que muchas veces quedan sin res­puesta y deben terminar luego en la Justicia”.

El 29 de diciembre se cumplie­ron los 90 días reglamentarios para que el Poder Ejecutivo Na­cional reglamente la Ley. Sin un proceso participativo para la re­dacción del Decreto Reglamentario como solicitamos varias organizaciones, esperamos que el texto respete el espíritu de la ley, establezca reglas claras para ga­rantizar el libre acceso a la información pública, y no deje vacíos o lugar a malas interpretaciones.

El Congreso es el órgano donde se encuentran los representantes del pueblo, electos directamente por él, por lo que con más razón debiera rendir cuentas y ser lo más transparentes y abiertos posibles en torno a la toma de decisiones y manejo de los recursos. Se espera que Emilio Monzó y Gabriela Michetti tomen la transparencia como bandera de su gestión y trans­formen lo discursivo en realidad, para que 2017 sea, fi­nalmente, el año en que el Poder Legislativo dé el gran salto hacia la apertura parlamentaria.s