El boomerang del exceso

Resulta una señal saludable cuando un juez se anima a inquietar al Poder Ejecutivo con preguntas. Colombi nunca pasó por eso, está acostumbrado a otro trato.

Curiosidades del destino, es posible que el gobernador Horacio Ricardo Colombi tenga que transpirar la camiseta (hablando en los términos futbolísticos que él entiende) ante la Justicia Federal de una provincia vecina, Santa Fe, pero por un acto bochornoso que protagonizó aquí, en la provincia donde detenta el poder desde hace más de tres lustros. El impensado apremio judicial llega, tan luego, en la recta final de su muy largo mandato y justamente por imperio de la autonomía que exhibe un magistrado ajeno a la comarca. El hecho adquiere connotación de paradoja: el mandatario radical que forjó como un herrero, a golpe de martillo sobre el yunque, una estructura judicial amigable, complaciente, tendrá que dar explicaciones a la Justicia de otra jurisdicción por los excesos cometidos en su propio territorio y que suponen una vulneración de la ley, cuyo cumplimiento debería ser irrestricto en cualquier latitud por parte de todos los ciudadanos sin importar su condición.

El punto es que aquello que fiscales y jueces de Corrientes jamás se han atrevido a observar, es lo que motiva la requisitoria formulada por un magistrado santafesino que se muestra inmunizado de la abulia que gobierna en la orilla Este del río Paraná. Resulta una señal saludable cuando un juez se anima a inquietar al Poder Ejecutivo con preguntas. Colombi nunca pasó por eso, está acostumbrado a otro trato. Aldo Alurralde, el juez federal de la localidad santafesina de Reconquista, es el que pretende una explicación de la insólita conducta del Gobernador correntino, quien interfirió en los allanamientos que se realizaban en la ciudad de Goya en el marco de una investigación tendiente a desbaratar una banda que traficaba droga entre las dos provincias. Pretextando el cuidado de un puñado de testigos, Colombi obstruyó el desarrollo de los operativos y mandó a demorar al jefe del procedimiento, el comisario José Moyano, titular de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Santa Fe. Junto al mandatario o en las inmediaciones de su radio de acción estaba el juez de Instrucción Nº 2 de Goya, Carlos Antonio Balestra, quien parecía responder a las indicaciones de Colombi, quien luego argumentó que los efectivos santafesinos habían privado de la libertad a un grupo de jóvenes de la capital correntina, quienes habían sido trasladados a Goya para oficiar como testigos de los allanamientos. En ese marco alguien intentó hacer valer un hábeas corpus, acaso sin advertir que el rol de testigo constituye una carga pública indeclinable. Un hábeas corpus no es procedente. Colombi es abogado aunque casi no ejerció. El juez Balestra es abogado con mayor ejercicio. Aquel día del bochorno, en esta columna se advirtió que el Gobernador había sobrepasado un límite. No tenía competencia allí, mal podía interferir en el operativo dispuesto por la Justicia aunque su objetivo fuera loable: garantizar la comodidad de los testigos. Ese exceso le traería dolores de cabeza, señaló NORTE de Corrientes. Y es lo que está sucediendo: tendrá que responder a la requisitoria del Juzgado Federal de Santa Fe. Al abrir la causa contra Colombi, el juez Alurralde pidió que se investigue si se produjo la comisión de un posible delito de acción pública. Por el momento el expediente está en manos del fiscal en feria, Bruno Ojeda, aunque la instructora natural será la fiscal Ana Bruno Campaña, la misma que actuó en los allanamientos de Goya donde el gobernador correntino tuvo un dislocado desempeño. “Cumplimos con nuestro deber”, dijo Alurralde al referirse a los procedimientos antinarcóticos y afirmó que seguirán adelante “caiga quién caiga”. Suena a desafío, especialmente para la costumbre arraigada en Corrientes, donde manda la abulia.s

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