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COLUMNA DEL EDITOR

Las leyes del sentido común

En 18 meses de gestión, hasta junio de este año, la administración de Cambiemos hizo crecer la deuda externa un 23%. ¿Cómo encuadra eso en la responsabilidad fiscal?

El Gobierno central y las provincias acordaron un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que se enviará al Congreso de la Nación y que estipula como medidas importantes: mantener constante el gasto corriente primario en términos reales; que los cargos públicos sólo aumenten en relación al incremento de la población; y evitar el aumento de gasto en los meses finales de mandato. La noticia se conoció ayer y desde la teorización constituye un hecho auspicioso, no obstante no disimula la contradicción en la que vuelven a incurrir los gobernantes, quienes pretenden, a través de una legislación, imponer condiciones que son de sentido común y que ellos no han cumplido ni cumplen. En definitiva, a la luz de los antecedentes que acarrea la Nación y provincias, la propuesta adquiere características de buenos deseos, un intento voluntarista por aparecer serios y comprometidos. Ni la administración de Mauricio Macri ni los gobiernos distritales, en manos de socios, amigos, entenados, opositores duros y blandos, tiene ejemplos para mostrar en materia de responsabilidad fiscal y eso que ya hay una ley vigente. ¿Será por eso que necesitan de una nueva legislación?

Veamos: el proyecto que -dicen- será enviado en los próximos días al Congreso implicará que todas las jurisdicciones del país mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias, o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes. Además, el Gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de este año, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. También se creará “Fondos Anticíclicos Fiscales”, que van a ser constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. Además, se incorporarán “pautas de fin de mandato” para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. La Nación y las provincias se comprometen a no aumentar la presión impositiva legal, en especial en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento. El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, tal es el nombre de la iniciativa, “tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales”. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en representación de la Casa Rosada y los ministros de las provincias. En este marco, el Gobierno nacional repitió una promesa que ya había hecho: bajar el déficit fiscal al 4,2% del PBI este año (meta que difícilmente puede alcanzar), al 3,2% en 2018, y 2,2% en 2019, y bajar la inflación anual a un solo dígito para el fin de mandato de Mauricio Macri. Es paradojal, desde que asumió en diciembre de 2015 Macri no ha parado de perforar todos los criterios de responsabilidad fiscal: no bajó el gasto y creció el endeudamiento. En 18 meses de gestión, hasta junio de este año, la administración de Cambiemos contrajo deuda por un total de 55.200 millones de dólares, lo que hizo que la deuda externa creciera un 23% y llegue a los 192.000 millones de dólares. Esto significa que para volver a “reinsertarse en el mundo”, la Argentina se endeudó a un ritmo de US$100 millones diarios. En algún momento habrá que pagar. Otro tanto sucede con las provincias, y Corrientes es un ejemplo. Cuando Colombi termine su mandato (en diciembre de este año) habrá dejado más deuda y por más tiempo. ¿Acaso se necesita una ley de responsabilidad fiscal que diga que eso no se puede hacer? s