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Explotación sexual en hoteles de Paso de los Libres

Funcionarios municipales en la mira en una causa de trata

Una jueza federal pidió la nómina de todos los empleados comunales y del Concejo Deliberante, incluidos los ediles y el intendente.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres solicitó al intendente de esa ciudad, Raúl Tarabini, la nómina de todo el personal municipal a su cargo tanto en planta permanente como contratados, y de todos los integrantes del Gabinete ejecutivo y realizó igual requerimiento a la presidenta del Concejo Deliberante local, Mónica de Gaetano, en el contexto de una investigación por el funcionamiento de prostíbulos de donde se rescataron a 38 víctimas de trata de personas. El inédito pedido de la Justicia a funcionarios de municipales es parte de la investigación por una causa de explotación sexual de mujeres -y se sospecha que también de menores- en la que están procesados como autores el ex fiscal federal Benito Pont, sus ex socios comerciales Ricardo Aguirre y Clelia Spada, y su cuñado, el ex gendarme José María Viero, y otros 14 sospechosos de ser coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño. La requisitoria consta en el auto de procesamiento de los imputados, en el que también se ordena “solicitar informe a la Municipalidad de Paso de los Libres y al Concejo Deliberante de esa ciudad para que informen la nómina de personal y cargo de funciones o con licencias en el período 2015-2016 desde la Intendencia hasta los escalafones de maestranza o auxiliares, con número de documento, como personal contratado en el término”. El pedido fue remitido a los titulares del Poder Ejecutivo local y del Concejo Deliberante emplazándolos a cumplir con la remisión de esta información en una semana después de haber sido notificados de la resolución judicial. El pedido se hace después que el Ministerio Público Fiscal Federal informó al Juzgado de Instrucción que las fuerzas de seguridad hallaron documentación en los lugares allanados en los que constan que esos locales estaban habilitados por el Municipio para funcionar.s