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La droga está aquí y no la ven

Con tantos jueces y fiscales discapacitados por la anosmia, es lógico que el narcotráfico gobierne Corrientes, esto explica por qué los procedimientos siempre vienen desde afuera.

Por orden del Juzgado Federal de Reconquista (provincia de Santa Fe), efectivos de la Policía Federal de esa localidad, con el apoyo de la delegación local y de Resistencia, Chaco, de esa fuerza de seguridad, se concretaron cuatro allanamientos en Corrientes, dos en el complejo habitacional ex Aero Club, uno en el barrio Santa Rita en la periferia de esta Capital y el último en un edificio torre ubicado en inmediaciones de la Costanera Sur. De acuerdo a los datos parciales que este diario pudo obtener hasta el cierre de esta columna, en los operativos secuestraron cocaína, armas de fuego, balanza de precisión y una importante suma de dinero. Un par de personas quedaron detenidas. Hasta aquí los hechos; la causa judicial obviamente está vinculada al narcotráfico y la venta de estupefacientes. A estas alturas, ¿alguien duda que la droga está enquistada en Corrientes y que la única acción para contrarrestarla viene desde afuera de la provincia?

Los casos de Goya, en diciembre del año pasado, e Itatí en marzo de este año, constituyen la contundente demostración de que el narcotráfico fluye libremente y que el Estado provincial no brinda respuestas. En Goya fue donde el gobernador Horacio Ricardo Colombi desempeñó un triste papel tratando de impedir el procedimiento de la Policía santafesina que realizaba los allanamientos y se ganó una observación judicial, que está en trámite y podría derivar en su imputación. A su vez, en Itatí quedó al descubierto que autoridades municipales, funcionarios públicos en distintos escalones, oficiales y suboficiales de la Policía correntina, de la Policía Federal y de la Gendarmería estaban contaminados con el negocio de la droga. El más notorio, el comisario Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, jefe de la Comisaría de Itatí, galardonado por la Jefatura y prohijado por el Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales de Corrientes, que son ciegos y sordos (cuando les conviene), jamás recibieron ni detectaron un indicio que los condujera a la podredumbre de Itatí. Evidentemente tampoco tienen olfato. La anosmia no sólo comprende al fuero federal, también afecta al ámbito provincial. Es lógico que con tantos jueces y fiscales discapacitados el narcotráfico gobierne en la provincia, esto explica por qué los procedimientos investigativos siempre vienen desde afuera y pocas veces comienzan en Corrientes. Las pruebas están a la vista: los allanamientos que se realizaron en Goya los ordenó el Juzgado Federal de Reconquista (Santa Fe); el megaoperativo en Itatí lo dispuso un Juzgado Federal de Buenos Aires. Los de aquí los siguieron por la prensa. Ni federales ni provinciales tenían una pista sobre tráfico de estupefacientes, venta de drogas, autoridades implicadas y uniformados cómplices. Vergonzoso, pero real. El procedimiento que se realizó ayer en las Mil Viviendas y en otros puntos de esta Capital estuvo a cargo de policías venidos de afuera de Corrientes siguiendo una orden emanada del Juzgado Federal de Reconquista. ¿Cómo es posible que afuera sepan lo que pasa aquí? ¿Los funcionarios judiciales y los investigadores locales no ven la droga circulando frente a sus narices, o no quieren ver? El despropósito sólo puede ser entendido de una manera: el Estado provincial no tiene interés en combatir a la droga. Esa indolencia del Gobierno correntino sustenta un modelo de inacción que llega a todos los estamentos y poderes. Y cuando hay inacción oficial frente al narcotráfico se impone el negocio que corroe las instituciones, compra voluntades, enferma a las familias y mata a los jóvenes. Abril, de 15 años, que murió luego de haber sido sometida a un sobredosis de cocaína, es el caso testigo. Fue vejada con droga y el Estado no estuvo para cuidarla. Éste no es el cambio que prometieron. s