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La reforma y la grieta

La mirada está puesta hoy en el foco de otro problema: la grieta social que alimenta un sector político, y otro que no hace nada para cerrarla.

El proyecto de reforma previsional que el Gobierno impulsa en el Congreso de la Nación busca un impacto importante en el financiamiento del sistema, con polémicas propuestas que exacerbaron (e incitaron a posturas extremas de sectores opositores) a la opinión pública y a los sectores afectados.

En un compendio de medidas, el Gobierno dice que busca optimizar recursos, agilizar procedimientos y encauzar el financiamiento de un sector que durante años fue la caja política del kirchnerismo. Los siguientes son los puntos destacados de la reforma previsional impulsada por el Gobierno, cuyos ejes generaron fuertes críticas por parte de gremios y opositores. -Movilidad: cambia la fórmula de movilidad a jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo. En lugar del ajuste que tiene en cuenta 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se pasará a utilizar el 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec y 30% de suba de los sueldos formales. -Frecuencia: el ajuste de los haberes pasará a ser trimestral y no semestral como sucede con el método vigente. En marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, ubicado en torno un 12%, se brindará una suba que arroja un 5,7%. -82% móvil: se aplicará a aquellos que, al momento de la jubilación, hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Cuando aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la Anses ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía. -Jubilación voluntaria: con la reforma, los empleados que se encuentre en relación de dependencia en el sector privado van a poder elegir la posibilidad de jubilarse a los 70 años. -Para compensar a los jubilados que ganan menos de 10 mil pesos, se emitirá un bono que rondaría los 700 pesos. Estará destinado a compensar a jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo por el desfase entre la fórmula actual y la nueva propuesta por el Gobierno. Es decir, por los meses que no son tenidos en cuenta en el proyecto de ley. Se prevé, según sus impulsores, que el bono alcance al 70% de los jubilados y pensionados, incluidos los de la moratoria, y al 100% de los beneficiarios de la AUH. Estas medidas resultan controversiales para la discusión política. Lejos de analizar si tienen un alcance real, de impacto certero en el beneficio de un sector históricamente postergado y de cuyos recursos se valieron todos los gobiernos para avanzar con el financiamiento de otras medidas, la clase política ajustó la mira y se enfrascó en una contienda que generó los disturbios y desmanes que la mayoría de los ciudadanos rechaza. La mirada esta puesta hoy en el foco de otro problema: la grieta social que alimenta un sector político, y otro que no hace nada para cerrarla. Y queda claro entonces que el problema no pasa por reformas, sino más bien por establecer parámetros de discusión serios y que puedan confluir en decisiones que, por drásticas que sean, afecten lo menos posible a los más débiles del sistema, y se avance finalmente con otras medidas de impacto certero a los sectores que siempre ganan en el reparto de los recursos del Estado. La convivencia impide acordar, impide discutir y claramente, impide un desarrollo como Nación.s