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El Estado, un patrón incumplidor

El gobierno provincial destina menos dinero a pagar salarios aunque el número de empleados es mayor, especialmente en el segmento de los precarizados.

Por amplia mayoría, 21 votos a favor y 9 en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer al Presupuesto provincial para el ejercicio 2018 estipulado en una cifra superior a los 47.275 millones de pesos, de los cuales 22.979 millones estarán destinados al pago de salarios a empleados públicos, lo que representa un poco más del 46,5% de la torta completa de recursos. Este porcentual supone un crecimiento de 3 puntos respecto del Presupuesto 2017 que fijó el 43,8% de los recursos a salarios, la marca más baja de la historia reciente en la provincia. En realidad la inversión salarial comenzó a descender desde hace un lustro, cuando se destinaba casi el 70% del presupuesto provincial a los haberes; luego bajó al 65% y de allí pasó al 59% y le siguió el 57% hasta caer a menos de la mitad en el presente ejercicio. Llamativamente, el desplome de la inversión en salarios no se reflejó en el descenso de la plantilla de personal, todo lo contrario.

La situación es la siguiente, hoy el Gobierno provincial destina menos dinero a salarios aunque el número de empleados es mayor, especialmente en el segmento de los precarizados. Alguna explicación racional debe tener. La primera conjetura es que pese a la multiplicación de los adicionales, con el título de plus mensuales, bonos especiales por efemérides y super bonos electorales etc., los estatales han perdido poder adquisitivo. Porcentualmente, la planta de empleados públicos insume menos recursos que en ejercicios anteriores, aunque no ha disminuido la cantidad. La plantilla ha crecido, sobre todo en temporarios. El proyecto de Presupuesto 2018 que ayer pasó sin modificaciones por la Cámara baja de la Legislatura consigna que el número total de personal activo asciende a 63.841 agentes, discriminados en 50.521 de planta permanente y 13.320 temporarios. Respecto de lo estipulado en el Presupuesto 2017 (todavía en ejecución) representa un descenso, pero solamente parcial. Bajó el número de personal permanente (unas 2 mil personas), pero creció la cantidad de temporarios (unas 3 mil personas). Con 13.320 empleados temporarios el gobierno radical vuelve a inscribir un récord de precarización laboral. Volvió al nivel de 2016, incluso lo superó. El Presupuesto provincial del ejercicio 2016 contemplaba 13.121 temporarios; descendió en el Presupuesto 2017 a 10.801 temporarios; ahora el Presupuesto 2018 consigna 13.320 temporarios. De ese total, 12.930 revisten en la Administración Central; 370 en los Organismos Descentralizados no autofinanciados; y 20 en Organismos con financiación propia. El mayor crecimiento se dio en el área de Educación que saltó de 4.540 temporarios a 6.640, se trata de personal docente con cargos de suplentes e interinos. Otro caso alarmante de precarización se da en el Ministerio de Salud Pública que acumula 3.123 temporarios casi la mitad del personal de planta; en el Poder Legislativo proliferan los contratos, pero no es novedad: tiene más de 2.000 temporarios, personal político de diputados y senadores. Prácticamente no hay cartera que no tenga precarizados, por ejemplo Hacienda saltó de 83 hace tres años a 130 hoy. Dos casos paradigmáticos: el Ministerio de Desarrollo Social que tiene casi el 32% de su plantilla en la informalidad, son 1.201 agentes, de los cuales 385 están fuera del blanqueo; peor aún, el Instituto de Cardiología tiene 400 empleados permanentes y 200 temporarios. Dos áreas sensibles a cargo de personal que, lamentablemente, no recibe el reconocimiento laboral. El Estado correntino tiene 20% de su personal en la informalidad y bajó, en el último lustro, un 20% la inversión salarial. Una ecuación deforme. No es casualidad que el informe del Indec (de ayer) sobre trabajadores en negro, ponga a Corrientes en el pelotón de los descarriados. s