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El gradualismo que sirve

Está claro que este nivel de exigencia tarifario, sin actividad plena es un certificado de defunción. Nadie discute la necesidad de actualizar valores, pero es prioritario generar recursos.

Al fragor del tironeo legislativo, en el Congreso de la Nación, por el impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos, el dólar volvió con más ímpetu tras el fin de semana largo y marcó otro récord en su cotización al superar la barrera de los 21 pesos, aun con la insistente y costosa intervención -en términos económicos y políticos- del Banco Central de la República Argentina (Bcra). Al cierre de la jornada de ayer, la moneda norteamericana quedó en $21,52 para la venta en el mercado minorista, unos 64 centavos por encima de la cotización del viernes pasado, que también fue frenada por el Central. Es harto evidente que la situación está cada vez más lejos del control oficial, al menos esa es la sensación que flota en el ambiente a menos que esta suerte de tembladeral sea parte de la maniobra tendiente a acomodar los factores que inciden en la economía cotidiana, que tiene apremiados a los argentinos, especialmente a los asalariados.

El hecho es que el dólar continúa con su escalada y no hay una explicación concreta a tan acelerada evolución. Hay razonamientos, pero no fundamentos. Sobrevolando esta incertidumbre, ayer quedaron dos datos puntuales: el Banco Central tuvo que volcar otros 500 millones de dólares en un intento por moderar las operaciones, y -lo más importante- en lo que va del año, el peso argentino se devaluó 13,7% frente al dólar. Cada paso arriba de la divisa norteamericana implica, al mismo tiempo, un retroceso en la capacidad monetaria de la gente. Eso repercute en el poder adquisitivo pues no se puede hacer frente (con igual solvencia) a los precios de los productos esenciales y las tarifas de los servicios. He aquí uno de los problemas que perturba a la gente y el gobierno de Cambiemos se resiste a asumirlo. El sablazo tarifario que se dispuso en los últimos meses -y que coincidentemente corre en paralelo con la subida del dólar- altera no solo las finanzas hogareñas, ha puesto en jaque a pequeñas y medianas empresas que constituyen el motor de empuje de la economía del país. Sin producción de las pymes (unas seis mil firmas de toda la Argentina están en crisis) el circuito del consumo con la oferta y la demanda se hunde en la recesión, y la historia ha enseñado que recesión con inflación es un cóctel peligroso. Resulta extraño que la administración de Mauricio Macri no advierta el riesgo. Está claro que este nivel de exigencia tarifario, sin actividad plena es un certificado de defunción. Nadie discute la necesidad de actualizar los valores de los servicios, el modelo de la subvención que se aplicó ha empujado al país hasta estos andurriales del fracaso, pero es prioritario generar recursos para luego volcarlos donde corresponde. Es simple: una familia que no tiene trabajo, difícilmente tenga dinero para pagar servicios más caros. Lo mismo pasa con las Pymes o las grandes empresas. Primero hay que producir, reactivar la economía. Es extraño que el Gobierno no vea lo que salta a la vista. Los inquilinos de la Casa Rosada consideran que la actualización tarifaria es indispensable, pese al costo social que eso implica. Tan convencido están de esa verdad que han venido obstruyendo un debate en el Congreso, propuesto por la oposición, para morigerar el valor de las tarifas. La iniciativa del peronismo establece que las tarifas se retrotraigan a valores de noviembre del año pasado y que los aumentos no suban por encima del índice de variación salarial para los usuarios residenciales, al tiempo que reduce el 50% del IVA que se cobra sobre los montos facturados. El macrismo dice que no es posible y se cierra en sus números. ¿No sería saludable alcanzar un acuerdo que permita definir un proceso gradual? Es indispensable tener presente que alcanzar la meta es tan importante como llegar vivo a ella. s