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Delito organizado en la frontera con Brasil

Desestimaron denuncias contra una jueza que procesó a un ex fiscal federal

Abogados pidieron que investiguen las decisiones tomadas en causas de trata y de contrabando. Estas solicitudes fueron rechazadas.

El Consejo de la Magistratura rechazó dos pedidos de juicio político contra Cristina Pozzer Penzo, la jueza que interviene en las causas en las que se investiga a empresarios, funcionarios nacionales, abogados y de fuerzas de seguridad vinculados supuestamente a operaciones de lavado de activos, contrabando y trata de personas en Paso de los Libres. El órgano constitucional consideró que las denuncias están centradas en cuestiones procedimentales, y que poner en cuestión el proceder de la magistrada “implicaría cercenar la plena libertad de deliberación y decisión de los jueces en casos sometidos a su conocimiento, vulnerándose el principio de independencia del Poder Judicial”. Las denuncias -elevadas al Consejo de la Magistratura- fueron tramitadas por dos abogados que defienden a imputados en las causas “Lanatta” -por trata de personas- y “Aduana” -por incumplimiento de los deberes de funcionario-, y a quienes se les había rechazado apelaciones en relación a decisiones tomadas por la magistrada en el transcurso de la instrucción de la causa. Las denuncias fueron presentadas por los abogados Oscar Tovani y Tomás Chalup, que intervienen en la causa por trata, y por Jorge Niveyro -actualmente detenido-, uno de los aduaneros investigados por las supuestas maniobras ilícitas que fueron detectadas en el puente internacional de Paso de los Libres, quien actualmente está detenido. La desestimación de las denuncias, por parte del Consejo de la Magistratura, fue firmada el 26 de abril pasado. El trámite realizado por Tovani y Chalup era en relación a las actuaciones realizadas en la causa en la que se investiga a Ricardo Aguirre, un empresario del rubro automotor, que a su vez explotaba comercialmente un motel donde eran sometidas mujeres víctimas de trata. Este comerciante fue procesado por ese delito. Los abogados que lo representan sostuvieron que la jueza “autorizó el traslado a un escuadrón de la Gendarmería de los vehículos que se encontraban en la agencia clausurada, propiedad de los acusados (por Aguirre y su pareja), sin que haya una orden de secuestro y sin darles traslado de esta medida, cercenando su derecho de defensa en juicio”. Pero esto fue desestimado por el Consejo de la Magistratura, ya que, según sostienen los integrantes del cuerpo, la denuncia “responde a un alto grado de disconformidad con las decisiones adoptadas por la magistrada, circunstancia que por sí sola y tal como está planteada no admite la posibilidad de abrir un proceso disciplinario”. Advirtieron -además- que “no se ha acompañado elemento alguno que permita tener por acreditados” los hechos que le imputaron a la magistrada. Por su parte, Niveyro denunció por mal desempeño a la jueza, acusándola de “impericia, ineptitud e ignorancia”, en virtud de que no se habría excusado de actuar en el caso por el cual está procesado por facilitación del contrabando de divisas -entre otros elementos- en la frontera de Paso de los Libres con Brasil. Su denuncia fue rechazada in limine por el Consejo, ya que -durante el trámite del expediente iniciado contra Niveyro y otros 9 aduaneros de Paso de los Libres- no pidió formalmente su recusación y que con su acusación solamente “muestra disconformidad con las decisiones” de la magistrada.

Causa compleja

COR140518-020F02.JPG

La causa por trata de personas, que investiga la jueza Cristina Pozzer, surge a partir de una denuncia anónima en la que se daba a conocer la existencia de prostíbulos y un hotel en Paso de los Libres en los que se prostituían a mujeres -algunas de ellas extranjeras-, y donde se sospecha que también había menores. En esta causa están procesadas 18 personas, entre quienes se encuentra el ex fiscal federal de esa jurisdicción, Benito Pont, quien está sospechado de brindar protección a su ex socio, Ricardo Aguirre. En la otra causa están procesadas trece personas, imputadas de integrar una asociación ilícita, incumplir sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando. Lo que se les achaca es haber permitido el ingreso y egreso, sin control alguno -hacia Brasil y hacia la Argentina-, de sustancias y bienes que pueden afectar a la seguridad nacional y a la seguridad pública.s