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Silencio oficial a una medida inconstitucional en Loreto

Vialidad deslindó su responsabilidad al Municipio, tras cierre de una vía pública

La comunicación llegó al Juzgado de Paz loretano de manera informal. Pobladores pueden pasar de 6 a 18, luego la tranquera es cerrada.

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Más de 80 días pasaron desde que una tranquera con candado interrumpió la salida a pobladores de un paraje de Loreto. Ya hace alrededor de tres meses y el Estado provincial no intercedió para asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los más vulnerables, lo que constituye una obligación para la institución pública. Así, permanece restringida la salida/entrada del paraje Bastidores, en la zona rural del departamento de San Miguel. Los encargados de un campo lindero decidieron interponer una tranquera de madera y hierro en medio de una calle de uso vecinal, que está establecida desde hace más de 60 años. El objeto es evitar el libre tránsito en la zona, ya que los encargados del campo dijeron que es propiedad privada. Lo mismo contestó la representante legal del dueño de la estancia a la jueza de Paz de Loreto: “Es terreno privado, el propietario puede disponer como desee”. Mientras, la cancela se abre para el paso de una persona por vez (a caballo o de a pie) desde las 6 hasta las 18. Luego el candado evita el pasaje. Los pobladores explicaron, a NORTE de Corrientes, que no hay un camino alternativo, el resto es una aguada. Al respecto, Analía Márquez, jueza de Paz de Loreto, tomó intervención desde que el problema se suscitó. Tras ello, se comunicó con los dueños del campo, la familia Goitia. También pidió informes a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y a la de Catastro y Cartografía de Corrientes, para saber si este es un camino vecinal (público) o si pertenece a la propiedad privada. Aún en este último caso, se ejecutaría un camino de servidumbre para asegurar el libre tránsito. Como no hubo respuestas, recientemente tomó intervención al Ministerio de Justicia. “La situación sigue igual. Desde la DPV informalmente nos dijeron que el tema es competencia del Municipio. Igualmente dimos intervención al Inadi y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, para que intervengan en el conflicto y se pueda solucionar lo antes posible. Además, porque están comprometidos los derechos constitucionales de los vecinos y de toda persona que quiera visitar el paraje Bastidores”, dijo Márquez. También los trabajadores de varios establecimientos rurales en la zona deben atravesar diariamente la tranquera. s