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Presentaron proyecto en el Concejo Deliberante

Santo Tomé: urgen medidas para proteger a embarazadas

Ediles exigen el cumplimiento de la ley 23.849, que declara que se entiende por niño a todo ser humano desde su concepción y hasta los 18 años.

Ediles de Santo Tomé piden que el Municipio adhiera a la protección de embarazadas y del niño por nacer. El impulsor de la iniciativa es el concejal Eduardo Etchegaray, quien manifestó su opinión respecto al proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que fue tratado ayer en el Congreso Nacional. “No puedo ser indiferente al respecto. Creo que el Municipio debe adherir a la ley 23.849 que le dio jerarquía a la Convención del Niño”, señaló al recordar el pacto internacional de los derechos humanos al que Argentina suscribió, y el país está obligado a cumplir. A la vez, añadió: “Queremos defender a los niños desde la concepción y que el Municipio tenga políticas que protejan a las embarazadas y al niño que va a nacer. Por eso, presenté un proyecto de ordenanza para que el Municipio se adhiera a la ley de protección del niño y que tenga políticas públicas a efectos de proteger a ambos. En realidad, esto no es contra nadie, sino solo solicitar al Ejecutivo municipal que propicie el resguardo y protección de las embarazadas”.

Propuesta legislativa

En este sentido, el concejal y abogado compartió con NORTE de Corrientes el texto propuesto y sus alcances. “Considerando que por ley 23.054 el Congreso Nacional aprobó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida igualmente como Pacto de San José de Costa Rica, que había sido firmado en dicha ciudad del 22 de noviembre de 1969. En el Senado habíamos votado por unanimidad su aprobación en la sesión del 1 de marzo de 1984. También el artículo dos de dicho pacto, que tiene por subtítulo derechos civiles y políticos, en su artículo cuarto incluye el derecho a la vida que dice que toda persona tiene derecho a que espere su vida. Esto está protegido por ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Qué tiene la fuerza de ley para resguardar la vida y frenar cualquier intento de legalizar el aborto. Que consolidando está protección al niño por nacer, se sancionó la ley 23.849 que aprueba la convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1989, que dice con relación al artículo uno que la República Argentina declara que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Que a la vez establece que el niño por su falta de madurez, física y mental, necesita protección y cuidado especializados, incluso la debida protección legal tanto antes como después de su nacimiento. También el artículo 3 precisa en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, o los tribunales, autoridades u órganos legislativos, atenderán el interés superior del niño. Finalmente en el artículo 6, dice que los estados parte reconocen que todo niño tiene derecho a la vida, o sea tienen derecho a la vida desde la concepción. Ambas leyes mencionadas tienen fuerza para resguardar la vida y frenar cualquier intento de legalizar el aborto. Pero eran sólo leyes que podían ser derogadas por otras leyes del Congreso Nacional, pero con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron como rango y constitucional diversos tratados, convenciones y pactos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que ahora tienen rango constitucional por encima de las leyes y protegen el derecho a la vida desde la concepción. Por ello, no pueden aprobarse leyes que legitiman el aborto. También el artículo 75 de la Constitución Nacional ratifica la jerarquía superior a las leyes. A consecuencias del rango constitucional que tiene la protección de la vida de la concepción, es jurídicamente imposible que el Congreso Nacional y cualquier otro organismo provincial o municipal público o privado pudiera sancionar el aborto, que es una forma irresponsable de quitar la vida a una persona por nacer, hoy protegida constitucionalmente desde la concepción”. Tras la exposición, el texto concluye: “Consideramos que es necesario que el Municipio trabaje para implementar un sistema de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y los niños por nacer, que podrán conformar todos aquellos organismos entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privada en el ámbito municipal, para la promoción, protección y resguardo de estos derechos. Pedimos que se faculte al departamento Ejecutivo para celebrar convenios con instituciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro y o estatales provinciales y nacionales cuando se considere necesario para su cumplimiento”.s