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EL SILENCIO ES COMPLICIDAD

Los tres poderes del Estado no pueden ser indiferentes a la Resolución de la CIDH

Algunos actores políticos se manifestaron en el sentido de que "es una cuestión que está en la Justicia". Al ser el Estado Argentino, por culpa de la justicia correntina, quien ha sido sancionado por incumplir la libertad del ex gobernador Raúl Romero Feris, "los tres poderes del Estado son responsables de ese incumplimiento", advirtió el abogado Luis Feris. "Llama la atención la anomia del Poder Ejecutivo ante una resolución de esta característica", "La Provincia adhirió al Plan Nacional de Derechos Humanos de la Nación, pero por otro lado viola los Derechos Humanos a través de su Poder Judicial, es un contrasentido" afirmó.

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Las sanciones contra el Estado Argentino se basan principalmente en el punto 125 del Informe 73/17 de la CIDH concluye que el Estado de Argentina VIOLÓ, en perjuicio del señor Romero Feris: 1) el derecho a la protección judicial establecido en le artículo 25.1 de la Convencón en relación con el derecho a ser juzgado por autoridad competente establecido en el artículo 8.1 del mismo instrumento, en cuanto a la impugnación de la conformación de la Cámara en lo Criminal n| 2 y del Superior Tribunal de justicia; 2) elderecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1 de la Convención en relación con el derecho a ser juzgado por autoridad imparcial establecido en el artículo 8.1 del mismo instrumento, en cuanto a la participación de una magistrada de la Cámara en lo Criminal n° 2 por tener un familiar que había participado en causas conexas, 3) el derecho a la protección judicial establecido en el articulo 25.1 de la Convención en relación con el derecho a ser juzgado por autoridad imparcial establecido en el articulo 8.1 del mismo instrumento, en cuanto a la recusación a miembros de la Cámara en lo Criminal n° 2 pues habían conocido en alzada algunos actos de instrucción en las mismas causas; y 4) el derecho a ser juzgado por autoridad competente conforme a los procedimientos legalmente establecidos y el derecho a la protección judicia, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en cuanto a la impugnación contra el Superior Tribunal de Justicia, por haber adoptado una decisión sólo con tres de su cinco miembros en violación de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. 

Las sanciones contra el Estado nacional se extenderían a la Provincia de Corrientes, debiendo éste resarcir material e inmaterialmente a Raúl Romero Feris por el daño causado, por lo que los tres poderes del Estado deberían intervenir para adoptar las medidas resarcitorias que la justicia internacional recomienda.

Por lo tanto, será el Ejecutivo Nacional, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por extensión del Estado Federal, la Provincia de Corrientes a través del Gobernador, de la Legislatura Provincial y del Superior Tribunal, quienes deben expedirse sobre esta cuestión de trascendencia global.

Feris sostiene que la detención del ex gobernador es ‘ilegal‘ y violatoria de los derechos humanos consagrados en pactos a los que el país ha adherido. “Creo que hay una falta de operatividad y capacidad del Estado argentino, para resolver en los plazos que la Comisión les impuso”, opinó.

 

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