Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/135531

Las Justina y nuestros Fernando

Cambia el paradigma de la donación de órganos, cuando entre en vigencia la nueva ley ya no tendrá valor la palabra de la familia.

Justina Lo Cane murió el 22 de noviembre de 2017, esperó durante cuatro meses un trasplante de corazón. Tenía 12 años y sufría de una cardiopatía que adquirió al año y medio de vida por un virus, luego de una neumonitis. El órgano que necesitaba no llegó, más de 10 operativos (posibilidades de recibir un corazón) se frustraron, en parte porque había pacientes de mayor gravedad y en otros casos por falta de compatibilidad. Falleció en la Fundación Favaloro y su caso, amplificado por los medios porteños, conmovió al país y movilizó al Congreso de la Nación para redactar una nueva legislación en la materia.

Fernando Almeida murió el 16 de octubre de 2017, necesitaba un trasplante de corazón, pero no lo tuvo, se lo negaron. El Incucai lo retiró de la lista de espera y lo mandó de regreso a su casa (a Corrientes) para que pase sus últimos días. El chico estaba consciente, postrado, pero lúcido de su situación. Tenía 13 años y era el segundo de siete hermanos en una familia humilde de Gobernador Virasoro. Sufría una miocardiopatía dilatada por influenza B, que no fue tratada a tiempo. Falleció en un hospital público de esta ciudad y salvo los suyos nadie lo tiene presente. Su caso pasó a engrosar la estadística. El parangón surge a propósito de la nueva ley que acaba de sancionar el Congreso de la Nación que convierte a todos los argentinos, mayores de 18 años, en donantes potenciales de órganos sin importar su voluntad. Así como se lee, no importa que quiera o no quiera, los órganos que sirvan serán usados para trasplantes; el término potencial está reservado justamente a la salud y compatibilidad de los órganos en cuestión. El único reparo es que la persona haya dejado constancia por escrito su negativa. La ley se inspiró en el caso de Justina y la campaña que la impulsó se popularizó con ese nombre. El miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que es autoría del senador por La Pampa, Juan Carlos Marino (UCR), antes había recibido el respaldo también unánime de la Cámara de Senadores. Se trata de un cambio significativo, que establece nuevos parámetros sociales, pero que además exigirá eficiencia en otros frentes que están bajo el control del Estado: el registro de las personas, el sistema de salud (los hospitales), sus áreas asistenciales y las nuevas que deben crear, y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai). Cuando entre en vigencia la ley, que reclama de una reglamentación que estará a cargo del Poder Ejecutivo, ya no tendrá valor la palabra de la familia. Hasta aquí regía la disposición que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad debían dar testimonio de la voluntad sobre la ablación de órganos o tejidos, incluso cuando la persona se había manifestado a favor. Con la nueva ley se da un giro al otro extremo: “La ablación de órganos puede realizarse sobre toda persona capaz, mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición”, se lee en el artículo 33 de la flamante ley. Y agrega que en el caso de no encontrarse esa manifestación en un registro del Incucai, “el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación”. Esa reglamentación aún no está escrita. El objetivo de la nueva legislación es incrementar el número de donantes y de trasplantes de órganos. Según los registros del Incucai, hay 10.734 personas en lista de espera para órganos y tejidos, de ese total 7.735 personas esperan un órgano, la mayoría son adultos. En la provincia de Corrientes hay 155 personas en lista de espera y en el Chaco 138; claramente es una necesidad imperiosa. Pero, ¿se está legislando bien? La ley fue pensada para todas las Justina que se podrían salvar. ¿Habrá alguna inspiración para los Fernando que se mueren sin remedio?s