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El tribunal de la OEA le dio la razón en su reclamo

“Salió a la luz la verdad histórica de la persecución contra Tato Romero Feris”

Lo dijo el abogado Luis Feris al describir la Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Corte Suprema?

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“Tato Romero Feris ya fue reivindicado, esa reinvindicación proviene del categórico pronunciamiento de un tribunal internacional cuya legitimidad, imparcialidad y calidad profesional está fuera de toda discusión, por eso, por más que la Justicia provincial, los funcionarios intenten desconocer o relativizar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando incluso un debate pueril sobre la obligación o no de cumplir con los dictados del organismo, lo concreto es que quedó patentizada la verdad histórica sobre la persecución que sufrió, y aún sufre, el ex gobernador Romero Feris. No lo decimos sólo nosotros, lo dice en su informe de fondo el tribunal de la OEA”.

La reflexión pertenece al doctor Luis Feris, uno de los integrantes del cuerpo de abogados del ex mandatario provincial, quien ha conseguido correr el velo que disimulaba las medidas arbitrarias del Poder Judicial de Corrientes.

Como consecuencia de la reiteración -hasta el presente- de esos abusos, la Argentina está en vías de recibir una rigurosa condena en el plano internacional. El hecho es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal que funciona (de manera autónoma) en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que pertenece Argentina, constató que durante todo este tiempo se produjeron “vulneraciones al debido proceso en las causas penales seguidas en su contra”. Y exige una reparación integral, que no se ha cumplido. En su informe final, el organismo enumera una serie de graves irregularidades cometidas contra Romero Feris, por ejemplo dice que “su detención preventiva fue arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia”.

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En esa línea señala que hubo menoscabo de: la libertad personal, la presunción de inocencia, el de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, y la de contar con una vía recursiva adecuada. “Romero Feris no tuvo en Corrientes estas garantías que hacen al debido proceso”, señaló el abogado. La Comisión Internacional pide que cese esta situación y en una resolución, fechada en septiembre de 2017, le recomendó al Estado argentino “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos en contra de Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación”. Se abrió entonces una instancia de diálogo amistoso, con el objetivo de que las partes, es decir el Estado Nacional y la defensa del ex gobernador, arribarán a una solución que diera cumplimiento a lo que reclama la Cidh. Se sucedieron así reuniones (que se desarrollaron con carácter reservado por un principio de confidencial que exige el organismo) coordinadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería argentina, pero no hubo entendimiento. “Nosotros no queríamos dinero, rechazamos cualquier entendimiento sobre una base económica, nuestro interés es que se limpie el buen nombre y honor de Romero Feris, que además debe recuperar la libertad como lo exige el Tribunal internacional”, explicó Luis Feris. El Gobierno argentino pidió tres prórrogas, que le fueron concedidas, pero cuando pidió la cuarta prórroga la Comisión Interamericana dio por concluido el período de “negociación” y elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En menos de un año habrá un fallo, que descontamos será categórico contra la Argentina. Seguramente será muy duro, ahora sí en términos económicos, pero que sobre todo le hará mucho daño a la imagen del país, todo esto consecuencia de la pertinaz obstinación de la Justicia correntina”, señaló el abogado.

Jurisprudencia

En el transcurso de la semana que acaba de terminar, el ex gobernador Romero Feris y su cuerpo de abogados dieron a conocer los detalles de la disposición emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describieron sus alcances y las consecuencias que tendrá para el país el incumplimiento. La exposición tuvo una amplificación nacional a través de distintos medios de comunicación. Un día después, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chaín salió a decir que las resoluciones de la Cidh son como dictámenes de fiscalías, opiniones sin exigencia de cumplimiento. El derrape del magistrado dio motivo a diversos comentarios en el foro, ninguno que resaltara su solvencia profesional. Comparar al tribunal internacional de la OEA con una fiscalía es ciertamente una exageración, que más bien, con los antecedentes a la vista, suenan a un despropósito. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene peso específico, pues la Argentina le dio rango constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos, materia sobre la que se expide el organismo.

Lo mismo ocurre con los decisorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacional es clara y concluyente en el respeto a las resoluciones de los organismos de la OEA. Aunque el tribunal supremo del país ha marcado con trazo grueso su autonomía respecto de los fallos internacionales, ha dicho también que “está fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contra el Estado argentino, son de cumplimiento obligatorio, pero aquellas que estén dictadas dentro de sus facultades”. Por ejemplo, en febrero de 2017, en un caso que involucraba a dos periodistas (Jorge Fontevecchia y Héctor D’amico de la revista Noticias), la Corte Suprema de Justicia aceptó dos de las tres disposiciones que ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue en ese momento cuando Ricardo Lorenzetti y compañía dijeron que las sentencias de la Cidh son de cumplimiento sin chistar.

Unos meses más tarde y frente a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referido al caso de la dirigente jujeña Milagros Sala, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a convalidar la autoridad del organismo al acatar la recomendación que había formulado. Más aún el Gobierno Nacional le sugirió a su socio local, el gobernador radical Gerardo Morales, que hiciera lugar al pedido del tribunal internacional. Fue entonces que la hiperkirchnerista Sala consiguió la detención domiciliaria como pedía la Cidh. En esa oportunidad Morales escribió un tuit admitiendo la potestad de la Comisión Interamericana, su ministro de Gobierno dijo que “sería muy grave desconocer la disposición” del organismo. A su vez, en un fallo -con fecha noviembre de 2017- sobre el caso de Milagros Sala, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo calificó como “una obligación”.

Más cerca en el tiempo, la Comisión Interamericana volvió e expresarse en un caso de Argentina, el de Santiago Maldonado, y el Gobierno central lo acató. ¿Por qué las disposiciones del tribunal de la OEA tienen aplicación en Jujuy o en Buenos Aires, pero son desconocidas en Corrientes? ¿Cómo se entiende que la Corte Suprema establezca jurisprudencia con las resoluciones de la Cidh, pero los jueces correntinos transiten el camino del desacato?

Estas contradicciones, que evidencian la impunidad desde el poder, explican por qué Tato Romero Feris aún está detenido y la Argentina en vías de recibir una severa condena. s

El antecedente fresco

El caso Tato Romero Feris pone al país en una incó­moda posición frente al mundo en materia de derechos humanos, todo hace indicar que la Corte Interamerica­na de Derechos Humanos (organismo de la OEA) segui­rá la recomendación de la Comisión Interamericana en el sentido de la condena contra el país.
La sanción ya fue impuesta por la Comisión Intera­mericana, la Corte solamente la hará operativa y en ese caso además de la amonestación que tendrá que hacer frente el Gobierno, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevarla a la práctica. El antece­dente más cercano es el caso de los periodistas de la re­vista Noticias que luego de una condena en su contra re­currieron al Tribunal internacional y fueron resarcidos.
La Cidh ordenó revocar el fallo, compensación eco­nómica y publicación del hecho. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó dos puntos. Ricardo Loren­zetti (presidente), Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, entendieron que la Corte Interamericana no puede re­vocar una sentencia de la Corte local porque no tiene fa­cultades para hacerlo. Aunque le reconocieron que sus fallos son obligatorios. Horacio Rosatti compartió, en lo sustancial, los argumentos de la mayoría y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales. Dijo que se deben complementar las posturas de la Corte y la Convención Interamericana de modo que no colisionen sino que se complementen. Juan Carlos Maqueda votó en disidencia, propuso acatar el fallo del tribunal inter­nacional y revocar la sentencia contra los periodistas dictada por la propia Corte en 2001. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cum­plidas y ejecutadas por el Estado y, son obligatorias para la Corte Suprema, dijo.
A los periodistas (Fontevecchia y D’amico) el Estado los recompensó económicamente y además publicó que habían sido mal condenados. La sentencia en sí ya había quedado en abstracto por el paso del tiempo