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La protección desviada

El Poder Ejecutivo provincial vetó una ley de “compre correntino”, que estipulaba dar prioridad, en las licitaciones públicas, a lo hecho en Corrientes.

A mediados de junio pasado la Legislatura provincial completó el trámite para convertir en ley un proyecto denominado “Compre correntino” que establecía un régimen de adquisición y/o contratación de productos y servicios de origen local, obligando al Estado provincial, en cada licitación pública, a privilegiar lo hecho en casa por sobre lo foráneo, siempre y cuando la oferta no superara en 5% el precio más alto. El objetivo de la iniciativa se explica solo, estimular la economía doméstica mediante el consumo de bienes, materiales, productos o insumos correntinos; adjudicando obras o servicios a empresas correntinas, especialmente a las cooperativas del interior cuando se trate de proyectos a desarrollarse en su localidad. El propósito es tan lógico como simple: que el dinero público invertido se quede aquí y retorne al circuito económico por las vías fiscal, del consumo o la reinversión. En definitiva, un círculo virtuoso del que todos hablan, pero pocos se animan a llevar a la práctica.

Uno de los tantos que pregonan sobre el desarrollo, pero abdican sin coraje frente a cualquier señal que perturbe las reglas del mercado es el gobernador radical Gustavo Adolfo Valdés. El mandatario vetó la ley de “Compre correntino”. Mediante el decreto Nº 1.692 firmado el 3 de julio último, rechazó el proyecto de ley Nº 6.446 y expuso como fundamentos algunas teorizaciones, y un par de tecnicismos, que ubican al “Compre correntino” como una idea trasnochada que conspira contra las garantías que ofrece el mecanismo de la licitación pública. Dice, por ejemplo, Valdés en su decreto, que privilegiando productos o empresas correntinas “se sacrificaría la eficacia comparativa y competitiva de las ofertas y se afecta el derecho a la igualdad y a la libre concurrencia, que hacen a la esencia licitatoria para cumplir con el interés público comprometido, en tanto el objetivo de este procedimiento es encontrar la propuesta más conveniente entre la mayor pluralidad de interesados”. Hay suficientes antecedentes para demostrar al Gobernador y a sus asesores técnicos que las licitaciones públicas no siempre cumplen con estas garantías invocadas. Obras, concesiones de servicios, contratos, adjudicaciones que hace el Estado provincial y que se concretan a través de invitaciones privadas a presentar ofertas y que están lejos de los postulados que enarbola el Ejecutivo provincial. Así y todo, en el decreto de marras se sostiene que “la libre concurrencia, la igualdad de posibilidades entre los oferentes, la publicidad y la transparencia son los principios jurídicos que hacen a la esencia y existencia de la licitación pública, no son supuestas reglas generales o abstractas de las cuales puedan deducirse luego, automáticamente, consecuencias jurídicas”. Sería bueno que Gustavo Valdés lo tenga presente, su antecesor (cuyo equipo de ministro heredó y todavía lo acompaña) no fue muy aplicado en el respeto de las garantías que hacen a la licitación pública. Como sea, más allá de la discusión sobre los aspectos legales, el punto es que la ley impulsada por el diputado Juan José Fernández Affur (del bloque ELI) constituye un gesto concreto de proteccionismo, tan indispensable en estos tiempos de crisis económica. Priorizar lo nuestro, dar oportunidades a los que elaboran productos, a los que fabrican artículos, a los que extraen material, a los que siembran y cosechan, a los que están en condiciones de diseñar un proyecto o poner manos a la obra. De esta manera el dinero se queda en la provincia. Podría constituir una tabla de salvación para las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas del interior. En otras partes del mundo se usa, pero aquí es inviable. El mercado tiene sus reglas y gobernantes que las protegen.s