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El magistrado en la mira de la justicia federal

El juez Carlos Soto Dávila, ante la bifurcación del escándalo narco

Ayer se presentó a indagatoria pero pidió prorrogarla. Lo haría el lunes. en simultáneo, el Consejo de la Magistratura aprobó investigarlo.

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El juez Carlos Vicente Soto Dávila debe afrontar la bifurcación del escándalo que lo puso en el centro de la escena pública luego de que su par porteño, el magistrado Sergio Torres, ordenara su detención al sindicarlo como “jefe” de una presunta asociación ilícita vinculada a la red narco destapada en 2017 mediante el Operativo Sapucay en el pueblo de Itatí. Por un lado, el Consejo de la Magistratura aprobó ayer la apertura de una investigación para determinar si el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes pudo haber incurrido en delito, lo que -de acreditarse- devendría en un juicio político. Por el otro, Soto Dávila solicitó ayer al mediodía a su colega Torres la postergación para el próximo lunes de su indagatoria, lo cual fue aceptado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un despacho de la agencia Noticias Argentinas, consignó ayer que el Consejo de la Magistratura activó el pedido de juicio político contra el juez Soto Dávila. La decisión fue aprobada por sus 13 integrantes, que se reunieron por primera vez ayer a la mañana, a raíz del recambio de los nuevos consejeros, y de esta forma decidieron citarlo al magistrado correntino para que haga su descargo. La Comisión de Disciplina y Acusación, que ahora está presidida por el senador peronista Miguel Pichetto, se reunirá el próximo martes para fijar la fecha y los cargos que se le imputarán a Soto Dávila, pero en principio la convocatoria será para febrero, tras la feria judicial de verano, refirió el cable. En tanto, la agencia Télam informó que Soto Dávila “se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002, de Retiro, ante su colega Sergio Torres, pero solicitó que la audiencia se pase para el lunes próximo, a lo que se hizo lugar”. Además del juez, también estaba previsto que durante la jornada se tome indagatoria a los abogados detenidos durante los operativos efectuados por la Gendarmería Nacional a instancias del juez Torres en las ciudades de Corrientes y Resistencia, entre ellos dos secretarios del juzgado de Soto Dávila: Pablo Molina y Federico Grau. De manera extraoficial trascendió que uno de los letrados solicitó ser acogido en la figura del “arrepentido” y morigerar su situación a cambio de brindar información de valor para el avance de la pesquisa (ver nota lateral). Una vez que preste declaración Soto Dávila (que se espera sea el lunes) Torres tendrá un plazo de diez días para definir si procesa o dicta falta de mérito, lo que repercutirá en el desarrollo paralelo del proceso iniciado en el Consejo de la Magistratura. Luego de declarar en la causa el magistrado correntino deberá hacer su descargo ante el Consejo, el cual quedará en condiciones de resolver si lo suspende en el cargo y lo envía a juicio político, que podría derivar en su destitución. Es que Torres ordenó su detención, la que no se lleva a cabo por el momento por sus fueros como magistrado. “Debo hacer lo que corresponde”, había dicho Soto Dávila en breves declaraciones radiales el día que se supo que otro juez ordenó que lo arresten. “Soy una persona íntegra, consciente de su absoluta inocencia”, agregó. Qué habrá sucedido para que no lo ratificara ayer. s