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Que el patrimonio sea para todos

El Iberá ha sido históricamente un reducto prohibido para los correntinos de a pie, y en buena medida así continúa, es de esperar que la flamante ley modifique ese paradigma.

La provincia de Corrientes alberga a partir de ahora y con status legal, la mayor reserva natural del país: el Parque Nacional Iberá. La Cámara de Diputados de la Nación, en la sesión de tablas del miércoles último completó el trámite que había iniciado tiempo atrás el Senado y convirtió en ley el proyecto que le da jerarquía institucional al mayor humedal de la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Constituye un salto superlativo en materia de protección ambiental, que permite resguardar un valiosísimo patrimonio que es propiedad de todos los correntinos y no de un puñado de particulares. Correctamente usufructuada esa condición podría potenciar el tan mentado desarrollo turístico en la región en beneficio colectivo.

El Iberá ha sido históricamente un reducto prohibido para los correntinos de a pie, y en buena medida así continúa, es de esperar que la flamante ley (impulsada por el gobierno de Cambiemos a partir de una iniciativa privada) modifique ese paradigma y democratice no sólo el acceso a ese mundo maravilloso sino también a las oportunidades de emprendimientos. Por lo pronto lo que hay a la vista es un conjunto de propósitos, enunciados de buenas intenciones con una acotada agenda de obras de infraestructura que ayudan a disimular un entramado de negocios que están en progreso y que fueron diseñados al calor del poder político. Si la constitución del Parque Nacional viene a consolidar ese modelo -pernicioso- de poner lo que es de todos en manos de unos pocos, la legislación supone además de un retroceso, un despojo. En cambio, si mediante la ley se apunta a la conservación de la flora y la fauna, al respeto de los pobladores originarios y su forma de vida, al acceso de todas las personas sin cánones restrictivos y a la pluralidad en el emprendurismo, se puede abrigar la esperanza de que los Esteros tienen un futuro promisorio, distinto del que ha tenido hasta el presente. Está todo por hacer. El desarrollo del Proyecto Iberá, como un espacio abierto a la comunidad, está pendiente. Lo que se advierte por el momento es una explotación comercial focalizada sobre un viejo esquema preexistente, incluso a la llegada de los naturalistas vernáculos y filántropos extranjeros, y algunas nuevas unidades de negocio que se fueron creando al amparo de ciertos privilegios. Lo que está claro es que todavía falta muchísimo y especialmente hace falta un plan que contemple todos los intereses, que englobe ideas, propuestas, que defina la directriz del Iberá como un patrimonio de los correntinos y del que ningún sector debe sentirse ni quedar excluido. En ese sentido, la Ley que convirtió al Iberá en parque nacional tiene zonas grises que deben ser subsanadas antes de avanzar con cualquier otra medida. Fue lo que motivó, por ejemplo, la protesta de representantes de un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y de partidos de izquierda en la provincia que, con buen criterio, piensan en el destino de los pobladores originarios, familias de pequeños productores que viven en lugares perdidos de ese inmenso humedal. El flamante Parque Nacional Iberá se conforma con las 553.000 hectáreas de esteros y humedales del Parque Provincial Iberá, que fue delimitado por decreto en 2009 (y ampliado en 2016), y las 159.000 hectáreas propiedad de Conservation Land Trust (CLT), la firma del malogrado magnate norteamericano Douglas Tompkins. En total son 712.800 hectáreas de un área de 1.300.000 hectáreas que componen la cuenca y Reserva Natural Iberá. “El mapa dominial indica que se trata del 17% de nuestro territorio, donde hay miles de pequeños productores que serán sometidos a la servidumbre del parque nacional”, advirtieron. El tema merece ser analizado. Y resuelto. Lo peor que podría pasar es que el árbol tape el bosque.s