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Apremios para los ahorristas

Macri demoró la reglamentación de las modificaciones a la Ley de Ganancias contraviniendo el sentido común. Durante todo este tiempo se acumularon obligaciones.

Con un año de retardo, el gobierno de Mauricio Macri avanzó en la reglamentación de la Ley Nº 24.730 de reforma tributaria que sancionó el Congreso de la Nación a fines de 2017 y que modifica integralmente el régimen de impuestos a las Ganancias y obliga a tributar a los que obtienen dividendos de la renta financiera, sin importar la dimensión del inversor. Tendrán que pagar los grandes y los chicos. Puntualmente, la legislación incluye dentro del nuevo paquete impositivo a los tenedores de plazos fijos, bonos, fideicomisos, fondos de inversión, acciones que no sean de empresas nacionales; también comprende a los propietarios que obtienen una renta del alquiler. Hay excepciones, pero casi todos tendrán que pasar por la ventanilla del Fisco. La compra de dólares -una vez más- quedó a salvo.

La medida, de carácter tributista, aunque comprensible, está salpicada de puntos polémicos. El primero de ellos el tiempo que se tomó el Poder Ejecutivo para definir la reglamentación, y concatenado con esto el momento del año en que se formaliza la acción; el otro aspecto controversial es la vara que utiliza el Estado para gravar la renta financiera pues mientras impone una obligación a los que están dentro del sistema, libera de apremios a los que eligen moverse en la informalidad. De hecho, los especialistas han advertido que este esquema empujará a muchos pequeños ahorristas al dólar, fomentando el mercado negro. El sector bursátil, también el circuito bancario y cambiario, se cargó de expectativas por las repercusiones que podría tener esta medida, que entra en vigencia el último día hábil del año. Como es costumbre, cuando se produce este tipo de definiciones urticantes, el presidente Macri está a suficiente distancia del epicentro. Como se sabe, el Jefe de Estado descansa con su familia en Villa La Angostura, se supone que allí firmó el decreto que se conoció ayer. Como sea, el Decreto Nº1.170 que reglamenta la Ley Nº 24.730 llega con bastante demora. La ley se aprobó el 27 de diciembre de 2017 y fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, es decir que está en vigencia (pero no en aplicación) desde hace un año. Durante todo este tiempo, Macri demoró su reglamentación, contraviniendo el sentido común pues la legislación establecía taxativamente que las disposiciones allí contenidas comenzaban a correr desde el 1º de enero de 2018. En síntesis, durante todo este tiempo se vinieron acumulando obligaciones que ahora los “inversores” tendrán que hacer frente. Podría interpretarse que hay una trapisonda por parte del Gobierno de Cambiemos, que dejó transcurrir el tiempo a sabiendas de que al final del ejercicio la gente tendría que tributar -sí o sí- por la renta financiera, tal como lo establece en la modificación de la ley de Impuestos a las Ganancias. ¿Quiénes pierden? Como siempre los pequeños ahorristas, que son los que tienen menos espalda y generalmente son los menos informados sobre estas cuestiones técnicas. El hecho es que el decreto del Gobierno fijó las pautas para el cobro de impuesto a las Ganancias a la renta financiera que incluye a plazos fijos, acciones, bonos y alquileres. El texto oficial define una alícuota de entre 5% y 15%, según el tipo de instrumento y característica del inversor, que logre un retorno superior a los $66.917,91 anuales. Dicho de otro modo, si el plazo fijo a lo largo del año (en las sucesivas renovaciones) dio una renta superior a los $67.000, el tenedor tendrá que tributar un porcentaje de esa “ganancia”. Ese mínimo no imponible se ira actualizando anualmente y el porcentaje del gravamen se aplicará según el instrumento financiero. Todos pagan, menos los dólares.s