Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/143126

Una mejora que nunca llegó

En un balance anual, se estableció que la caída generalizada en las ventas de las Pymes y el "aumento explosivo" de todos los costos, provocaron en 2018 que la "inmensa mayoría" de esas empresas se encuentren con "rentabilidad nula o negativa".

La realidad económica que agobia a las pequeñas y medianas empresas es casi terminal, en una cuestión que desde las organizaciones que las nuclea reclaman para poder subsistir.

En un balance anual, se estableció que la “aumento explosivo” de todos los costos, provocaron en 2018 que la “inmensa mayoría” de esas empresas se encuentre con “rentabilidad nula o negativa”. Así lo advirtió el titular de la consultora LP, Vicente Lourenzo, quien a la vez aseguró que las Pymes “cierran el año en emergencia”. “Aquellas que aún permanecen abiertas, es porque sus propietarios financian las pérdidas con reservas obtenidas en mejores momentos, y los que ya se les terminaron o que nunca la obtuvieron, lamentablemente van a tener que cerrar”, evaluó Lourenzo, ex secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Ante este panorama, el especialista consideró necesario “implementar con carácter de urgente una serie de medidas, declarando en emergencia este sector que hoy representa, según el Ministerio de la Producción de la Nación, aproximadamente 327.000 empresas inscriptas en el Registro correspondiente”. Entre esas medidas, propuso: eximir a las Mipymes de todo Régimen de Retención/Percepción de impuestos nacionales, provinciales y municipales; generar un período de espera de por lo menos 180 días para todo tipo de deuda impositiva o previsional incluida en planes de facilidades de pago vigentes o caducos y suspender por 180 días todo tipo de acción judicial (embargo, inhibición) por parte de cualquier organismo de recaudación nacional, provincial o municipal. También, reclamó aumentar y facilitar los mecanismos para la obtención de los Repro (Programa de Recuperación Productiva); elevar el actual mínimo no imponible de las contribuciones patronales (hoy en 17.509 pesos por empleado para todas las Pymes) y reducir un 50% la contribución patronal (actualmente en 17,5 %). Además, Lourenzo resaltó que se deben generar líneas especiales de crédito destinadas a asegurar al pago de sueldos y jornales a tasa subsidiada en un 80%, para poder facilitar el repago; exceptuar a las Pymes de los últimos aumentos tarifarios y establecer un subsidio del 50% a las empresas que son electro y gas dependientes. “Si bien el Estado está en un proceso de reducción de sus gastos a efectos de equilibrar su déficit fiscal, el costo que significa esta serie de medidas es mínimo si se lo mide en costo social que puede acontecer si miles de pymes cierran sus puertas”, consignó Lourenzo. Al reclamo de las organizaciones que representan a las Pymes, sumado al análisis de los especialistas económicos que opinan en sintonía con las peticiones empresarias, la situación queda clara: urgen medidas para sostener la precaria salud de las pequeñas organizaciones que sostienen en muchas regiones del país, la actividad y el empleo. El Gobierno admite la realidad, pero hasta el momento no dio en la tecla con las medidas y, lo que es peor aun, instauró acciones totalmente en contra de ellas. Y todo esto pese a la promesa de mejoras que en campaña política en 2015, le fueron entregadas como esperanzadoras decisiones a tomar cuando Mauricio Macri asumiera el poder. En la cuenta regresiva del primer mandato, se hizo todo lo contrario. Ahora, en la campaña que se largará en breve, la cuestión volverá a la primera plana, aunque con una realidad con otro ánimo, a aquel de hace cuatro años. s