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El sobreseimiento contranatura a un padrino del gobierno provincial

Los 60 millones, la impunidad de Aguad y la conexión local

Un expediente urticante para querellantes, fiscales y magistrados.

La Intervención Federal, encabezada por Ramón Bautista Mestre y su lugarteniente Oscar Raúl Aguad (alias “el Milico”) desembarcó en la provincia el 20 de diciembre de 1999, después de los gases, los tiros y las muertes en el puente Belgrano, un acto de terrorismo de Estado que quedaría impune. No sería lo único. Para agosto de 2000 -ocho meses más tarde- el Municipio de Capital, en manos de Aguad, ya había tomado un empréstito con el Banco de la Nación por 60 millones de dólares. Aún regía la convertibilidad, pero la Comuna no se endeudó en pesos, sino en dólares. El objetivo era saldar deudas que tenía la Ciudad con el IPS y el Ioscor (por un total de 25 millones de pesos), sin embargo, cuando se produjo la cancelación de esos pasivos, los dólares fueron canjeados por bonos (Cecacor), que cotizaban en el mercado al 30 por ciento del valor del peso. El trueque leonino se convirtió en una maniobra fraudulenta monumental. Aguad fue el artista, pero no actuó solo. Ramón Fidias Sanz y Ramón Darwich lo ayudaron. En la causa judicial que se inició en 2001 y lamentablemente no llegó a ninguna resolución, también figuraban imputados Mestre y Anselmo Bruno, quien luego pasaría a gobernar el Municipio como delegado interventor. La historia, que no es vieja, tiene apenas 15 años y constituye la precuela de la dinastía Colombi, recobró actualidad en la últimas horas a propósito de la postulación del abogado Luis Eduardo Rey Vázquez para completar el Superior Tribunal de Justicia. El gobernador Ricardo Colombi lo quiere en el quinteto de los “superiores”. El punto es que Rey Vázquez tiene relación (y no muy favorable, por cierto) con la causa de los 60 millones de dólares que misteriosamente se transformaron en el bono basura que emitieron los cordobeses.

Se sabe, esa causa terminó con Aguad libre, es decir que el caso quedó impune. Rey Vázquez fue miembro primero y luego titular del área Jurídica de la Municipalidad de Corrientes entre 2005 y 2009, durante la intendencia de Carlos Vignolo. Fue el período de mayor benevolencia para el “Milico”. Decir que no se hizo nada es mucho, pero no es lejano a la realidad. El futuro ministro del Superior Tribunal de Justicia quizás tenga algo para decir al respecto. ¿Le preguntaran sobre este tema los senadores cuando lo interpelen dentro de dos jueves? La denuncia contra Aguad por el fabuloso desfalco se presentó en noviembre de 2001. Llevaba la firma de Rodolfo Amílcar Paladini y la recibió el entonces fiscal de instrucción, César Pedro Sotelo (hoy Fiscal General del Superior Tribunal). Durante la intendencia de Nora Nazar de Romero Feris (Panu), la causa tuvo un fuerte impulso a través de sus asesores letrados: primero Mario Yonna, luego Marcelo Levatti y finalmente Roberto Sommer. Por eso entonces, Aguad gambeteaba las citaciones de la Justicia correntina que incluso llegó a mandar un pedido formal a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. En 2005, cuando Carlos José Vignolo llegó a la Intendencia amainó la embestida. Fueron cuatro años de relax.

En el área jurídica estuvieron Juan José López Desimoni y Rey Vázquez. En diciembre de 2007, la jueza Laura Varela dictó apresuradamente un sobreseimiento, la Municipalidad no apeló y la Fiscalía (Graciela Fernández Contarde) tampoco. La solitaria acometida de Paladini no alcanzó para revertir un fallo polémico, que cuatro años después el propio Superior Tribunal de Justicia habría de cambiar, pero sin mucha suerte. Los “superiores” consideraban que lo actuado en primera y segunda instancia, respecto al caso Aguad, estaba mal y tenía que perseguir la acción penal. No fue posible, la Corte Suprema tronchó esa posibilidad y patentizó la impunidad. s