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UN CENTENAR DE AFECTADOS EN GOYA Y MILES EN EL PAÍS

El esquema ilegal que une Zoe y Boston 

La financiera correntina utilizó el mismo sistema por el que está acusa­do Cositorto y sus adláteres. Piden que sea trasladado a la provincia.

"Les hicieron creer que su dinero se invertía en opera­ciones financieras ilícitas. Les metían el cuento de la bolsa de valores. Todas las personas creyeron que le es­taban entregando su dinero a una empresa seria, porque les decían eso". Aquella pa­labras, exclamadas hace casi una década por el extinto penalista Ernesto "Tito" González, resuenan en estos momentos en que la investi­gación judicial por la pre­sunta estafa orquestada por Leonardo Cositorto y equi­po, quien tras ser arrestado en República Dominicana y extraditado a la Argentina permanece preso en Córdo­ba, con un posible traslado a Corrientes. El malogrado abogado -asesinado a bala­zos el 1 de julio de 2015 en un café de Mendoza y 9 de Julio- había pronunciado la frase en marzo 2014, en su alegato en el juicio de la famosa causa Boston Con­tinental, el desfalco más grande de la historia crimi­nal correntina: $9.647.443 a valor de 2007. González pidió al Tribunal Oral Penal Nº 1 la pena de 50 años de cárcel para los principales acusados enjuiciados, Mar­celo Melgarejo y Hugo Omar Rotella; Alejandro, el hijo de éste último, estaba por en­tonces prófugo y luego sería apresado en Bahía Blanca. Al final la condena fue de 16 años por el delito de asocia­ción ilícita y estafas reitera­das en la modalidad de deli­to continuado. "(Generación Zoe) es lo mismo que hacía la financiera Boston, pero más refinado, con nuevas estrategias de marketing, captación y uso de apps y tecnologías", aseguró ayer Pablo Fleitas, el querellante en el expediente gestado en el juzgado de Goya, que reúne a 74 denunciantes y en el transcurso de la se­mana alcanzaría el um­bral del centenar. 

¿En qué consiste la se­mejanza? González lo había explicado en su fundamentación -que se extendió en dos audien­cias-: el esquema piramidal ideado por Carlo Ponzi, no­torio delincuente de "cue­llo blanco", que prometía a sus víctimas devolver en el plazo de 45 días con un 50% de beneficio lo inverti­do. "Hay que se conocer de qué se trata el delito estafa piramidal o esquema Pon­zi", había dicho González, según consta en el archivo de NORTE de Corrientes, y continúa: "La Boston es una asociación ilícita, que le estaba mintiendo a los ahorristas. Les decían que eran operadores de bolsa. El propio Melgarejo les decía que a los tres meses recupe­raban el dinero. Por eso en la Boston se implementó el sistema Ponzi. Este italiano contrató gente y pagó gene­rosas condiciones. Melgare­jo hizo lo mismo". 

A Cositorto y a otros acusados -entre los que se destacan su segundo, Maxi­miliano Batista, y el ex juez federal Héctor Yrimia- se los acusa de haber ideado un mecanismo similar, pero con una cobertura adecua­da a la época digital. No está demás que la Boston se anunciaba por radios y diarios. A través de charlas "motivacionales" y valien­dose de las redes sociales para llegar al mayor público, la empresa radicada en Villa María se fue extendiendo por el país, incluso hubo tentativas de desembarcar en Corrientes. Pero la pirá­mide colapsó y las denun­cias se siguen acumulando aquí y miles en el exterior (3.000 en México, 1.500 en Perú y 1.000 en Colombia).

Ayer la fiscal de Villa Ma­ría, Juliana Companys, dio a conocer que el próximo lunes 25 de abril es la fe­cha en la que Cositorto será indagado, y de acuerdo al defensor en Córdoba del ge­rente acusado, el encuentro se hará "cara a cara".

De momento el represen­tante de la firma permane­ce alojado en la prisión de Bower, cerca de la capital cordobesa. Luego de la in­dagatoria de la causa "ma­dre", Cositorto deberá com­parecer ante el resto de los funcionarios del Ministerio Público, tal como lo ha he­cho el fiscal de Goya, quien solicitó su detención, y de los delegados locales de Ge­neración Zoe.

De acuerdo a lo infor­mado por el letrado Fleitas hay posibilidad y condicio­nes para que Cositorto sea trasladado hasta Corrientes para declarar, y rechazó la propuesta de que sea por videollamada. "Depende del fiscal pedir que lo trasla­den", aseguró