Asociaciones de consumidores piden que se realicen audiencias 

En un comunicado, las entidades informa­ron que hicieron una presentación ante los ministerios de Economía y Obras Públicas, "solicitando que se realicen audiencias pú­blicas para tratar las modificaciones aplica­das a la Segmentación Tarifaria, que produ­cirá un significativo aumento de las tarifas de gas, luz y agua potable".

Las asociaciones solicitaron que "se deje sin efecto la medida de quita de subsidios a partir del 1 de septiembre a cuatro millones de usuarios, por no haber presentado la De­claración Jurada".

Argumentan que "de aplicarse significará aumentos de entre 200 y 300% en sus factu­ras, desconociendo la real capacidad de pago de esas familias, que suman 16 millones de personas".

En el texto de la presentación, se sostiene que la implementación del "ordenamien­to tarifario" implicaría establecer topes al consumo en gas natural y energía eléctrica con quita de subsidio por el excedente, así como un plan de segmentación para agua y desagües, correspondiente a la jurisdicción nacional.

"Ninguna de estas propuestas mencio­nadas para ambos casos, formó parte de la Audiencias celebradas en mayo de 2022. En el caso particular del gas natural y la elec­tricidad, incluso los criterios de consumo fueron descartados por la propia Secretaría de Energía en el informe técnico elaborado para dicha Audiencia Pública", sostiene la solicitud de Audiencia Pública dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa.

En defensa del Gobierno, independien­temente del pedido de las asociaciones de consumidores y usuarios, la secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que el subsi­dio a los servicios públicos "era indiscrimi­nado a todas las familias". "En mi opinión debíamos repensar el esquema a tarifas más justas y los aumentos en promedio depen­den de lo que uno consuma, va entre $200 y $550. Son razonables", dijo.

La funcionaria anticipó que la semana próxima se publicarán los topes de consumo subsidiados del gas, al igual de lo que ya se hizo con la electricidad. También insistió con que las quitas de subsidios se aplicarán al consumo realizado desde el 1 de septiem­bre, y se reflejarán en las facturas mensuales de octubre o bimestrales de noviembre, se­gún corresponda.

Royón señaló que junto a la cuestión ta­rifaria, está trabajando en una "agenda de eficiencia energética, con campañas de in­formación y educación".

El titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, expresó: "Es un problema financiero muy grave por la deuda con el FMI, y ahora esta embestida del organismo muestra todas las problemáticas que hace 30 años tiene el sis­tema energético nacional".

A su vez, Bassano, explicó: "La luz y el gas se dividen en generadora, transportadora y distribuidora, estas dos últimas tienen un sistema de tarifas porque son monopólicas, no puede cambiar de empresa ningún usua­rio, y tienen un sistema de audiencia públi­ca, y las generadoras son las que generan el gas o la energía eléctrica".

El titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores describió: "En 1992 fueron privatizadas las generadoras, facturan en dólares, es decir que los precios son libres; desde 2001 existió el 1 a 1, pero tiene que realizarse una audiencia pública cada vez que se quiera hacer un aumento; en cada provincia se realiza esto, y el transporte de todo el país se regula en el Enre".

Y remarcó: "No se puede hacer un aumen­to de tarifas sin una audiencia pública, esa es la estructura legal que hay que cumplir".

"Abrimos un expediente administrativo solicitando una nueva audiencia pública; es democrático que el consumidor opine porque es el que paga, y porque correspon­de; hay situaciones en las que los topes son incorrectos. En este momento estamos sa­cando un nuevo comunicado hablando del silencio del Estado, y avisando que, si no existe audiencia pública, todas las asocia­ciones hemos firmado este petitorio porque las cosas no pueden seguir así. En caso de no solucionarse este problema, vamos a ir por un amparo colectivo", indicó. s