La investigación se choca con el desafío de dar con los autores intelectuales 

A treinta días del ataque a la vicepresidenta de la Na­ción, Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia federal cerró lo que denomina el "primer anillo" de la inves­tigación, enfocado en los au­tores materiales del hecho y sus partícipes secundarios, y se adentra en una etapa que se percibe más desafiante: esclarecer si existen autores intelectuales por encima de las personas comprometidas en la causa. Durante su ale­gato en el juicio por la causa Vialidad la vicepresidenta había dicho que hay autores intelectuales no identifica­dos por la Justicia. 

Hace un mes, una pistola calibre 32 con cinco balas se acercó a quince centímetros de la frente de la ex man­dataria cuando llegaba a su casa. Justo en ese momento la vicepresidenta se agachó para levantar un ejemplar del libro "Sinceramente" que había caído a sus pies. El arma fue gatillada, pero el tiro no salió. Ni la ex pre­sidenta ni la custodia se die­ron cuenta en ese momento del peligro del que se habían salvado. El atacante, Fer­nando Sabag Montiel, fue atrapado segundos después por militantes kirchneristas. Su novia, Brenda Uliarte, quedó detenida cuatro días después. Los dos fueron considerados coautores del intento de homicidio agrava­do. Además, están presos el jefe de ambos en el negocio de la venta de copos de azú­car, Nicolás Gabriel Carrizo; y la amiga de ella, Agustina Díaz, acusados de ser partí­cipes del plan que, según la causa, se puso en marcha el 22 de abril. 

Con las evidencias que consideraban firmes, el fis­cal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti avanzaron con las deten­ciones y procesamientos del autor del disparo fallido y de los tres sospechosos de ha­ber participado del plan del atentado. Fernanado Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están procesados como autores del homi­cidio calificado en grado de tentativa. El líder de la banda de supuestos ven­dedores de copos de azú­car, Nicolás Gabriel Carri­zo, y la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz, fueron procesados en las últimas horas del viernes pasado como partícipes se­cundarios. 

Díaz y Carrizo no estuvie­ron presentes en las calles porteñas de Recoleta Juncal y Uruguay en la noche del ataque, pero según el fallo firmado por la jueza Capu­chetti, tenían como plan co­mún junto a Sabag Montiel y Uliarte matar a Cristina Kirchner. 

La segunda etapa de la investigación implica pro­fundizar en si los autores materiales tuvieron instiga­dores, es decir, autores inte­lectuales. No hay evidencias en el expediente que acredi­ten, por ahora, esa hipótesis, pero sí hay interrogantes y medidas de prueba orienta­das a responderlos. El posi­ble financiamiento del plan es una de las líneas de la investigación. Los abogados José Manuel Ubeira y Mar­cos Aldazábal, que represen­tan como querellante a Cris­tina Kirchner, hicieron una presentación en el juzgado de Capuchetti el martes pa­sado en base al informe ela­borado por la Policía de Se­guridad Aeroportuaria (PSA) sobre el teléfono celular de Carrizo y también en base a mensajes del teléfono celu­lar de Uliarte. 

Los mensajes de Joana Da­niela Colman, agendada en el celular de Carrizo como "Joa", le sugirieron a la jueza investigar si Sabag Montiel actuó por alguna motivación económica y si un interlocu­tor de Brenda Uliarte, agen­dado como "David" en su teléfono, hacía trabajos de espionaje para la Embajada de Estados Unidos. También pidieron indagar al resto de los integrantes de la "banda de los copitos". Si al resto de los integrantes de la banda de los copitos -Lucas Aceve­do, Sergio Eduardo Orozco y Leandro Volpintesta- les cabe alguna responsabilidad penal, todavía no fue res­pondido por las autoridades judiciales. Incluso todavía tienen carácter de testigos en el expediente. 

El miércoles pasado fue­ron allanados los domicilios de Joana Colman y de la per­sona agendada como "Jony White jaja" en ese mismo aparato, que fue identifica­do como Jonatan Posadas. A quien Carrizo le manifestó del plan de matar "al jefe de La Cámpora". En su declara­ción en Comodoro Py el sos­pechoso negó la acusación de haber participado "en la planificación del intento premeditado de dar muer­te". 

Fueron secuestrados los teléfonos celulares de am­bos sospechosos y su conte­nido es analizado por la PSA. Según los chats que Carrizo intercambió con Orozco, ambos tenían planes de al­quilar un departamento en el barrio porteño de Recole­ta, algo que para la querella resulta inquietante tanto por el costoso gasto que eso im­plica como por las razones para hacerlo. 

En los últimos días la Jus­ticia reconstruyó que ese departamento está ubicado a unas tres cuadras del de Cristina Kirchner sobre la avenida Callao y no frente a su casa, como se creía en un primer momento. La infor­mación sobre el propietario del inmueble, cuyas imá­genes e incluso un video fueron encontrados en el celular de Uliarte, es ana­lizada por la Justicia. Este elemento en la causa tiene relación con la pregunta so­bre el origen del dinero para financiar el plan de atentar contra Cristina Kirchner. Al respecto de cómo se finan­ciaba "la banda de los Co­pitos", la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proce­lac) trabaja en colaboración con la Justicia, que investi­ga a Carrizo y a su entorno, para delinear sus "perfiles económicos". 

Otro elemento que reco­bró importancia en la Jus­ticia es, según confirmaron fuentes judiciales, que se logró la recuperación par­cial del teléfono de Sabag Montiel. El aparato había sido formateado durante el intento que llevó adelante la Policía Federal para ex­traer su contenido, y a lo largo de las semanas los técnicos de la PSA lograron acceder a una porción de la información que había en ese celular. Ese contenido no puede ser analizado sin un perito de parte, dijo una fuente de la investigación. 

Otra línea de investi­gación que avanza a paso lento es el análisis de las comunicaciones de la cus­todia de Cristina Kirchner y su entorno familiar. Par­te de la información está en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el entrecruzamiento sólo resultaría relevante si se encontrara algún vínculo con los atacantes, dijo una fuente judicial. 

"Si ese elemento no apa­rece, la conducta de la cus­todia es materia de investi­gación dentro del Ministe­rio de Seguridad y no de la Justicia", agregó esa fuente. 

Al respecto de la inter­vención que tiene la vice como querellante en la causa, una fuente de su entorno dijo: "Cristina pi­dió investigar a fondo a los autores intelectuales, pero es consciente de que por ahora, lo que hay en el ex­pediente se agota acá", dijo en relación a "Los Copitos". Ubeira frecuenta seguido los pasillos de los Tribuna­les de Comodoro Py y lle­va un perfil más alto en su relación con los medios de comunicación. Aldazábal, quien fuera socio de Juan Martín Mena y Elizabeth Gómez Alcorta en su estu­dio jurídico, es más reser­vado. "Los ojos de [Marcos] Aldazábal son los ojos de [Juan Martín] Mena en la causa", agregó la misma fuente.s 

VIENE DE LA PÁGINA 3 

Máximo quiere saber quién está detrás de Montiel 

A un mes del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputa­do nacional y presidente del Partido Justi­cialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, afirmó ayer que quiere saber "quién está detrás" del atacante de la ex mandataria. 

"Hoy leía un artículo que decía que se de­muestran nexos entre el centro de estudian­tes de tal escuela con tal organización. Lo que queremos saber es quién está detrás de (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte", apuntó Kirchner. Al cerrar un plenario de la militancia del Frente de Todos en el partido bonaerense de Morón, el diputado nacio­nal disparó: "Ahí parece que se les acaba la intriga. Sería muy bueno saberlo. Situación de violencia que les costó tanto condenar ¿Tanto es el odio? ¿No piensan que pueden generar algo mejor?". 

"No quiero estar pensando cuando vengo a un acto si alguien va a hacer algo que no tenga que hacer. Esa Argentina se tiene que acabar’", enfatizó. Además, afirmó que "la idea de cárcel o balas ya se demostró fraca­sada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983", al comparar los discur­sos de algunos espacios políticos de ultrade­recha con los de la dictadura militar. 

"No es pensando que si suprimo a tal o cual el país va a estar mejor. El desafío que tenemos de construir un país mejor no es queriendo suprimir al otro. Fue el propio presidente Macri el que decía que había que mandar 500 o 600 a la Luna para que la Ar­gentina se desarrollara", subrayó. Al recor­dar el retorno a la democracia, el diputado lamentó: "Es una verdadera pena que el año que viene, cuando se cumplan 40 años del regreso a una democracia que costó tanto, estemos en esta situación. En esta situación económica, política, de un alto grado de in­tolerancia". 

"Hay una imagen que recuerdo mucho del 25 de Mayo de 2010: me pregunto cómo pasó nuestro país de seis o siete presidentes caminando por la calle bastantes cuadras rodeados de millones de argentinos sin que pasara nada, hasta que ese 1 de septiembre ocurriera lo que pasó en Juncal y Uruguay", expresó.

Fortaleció su liderazgo en el Gobierno 

El ataque fallido conmocionó a la vice­presidenta, pero esa sacudida psicológica no implicó un acercamiento político con el Presidente ni sosegó sus críticas pun­tuales a la gestión del Gobierno. Al contra­rio, el ataque fallido actuó como un bene­ficio colateral frente a sus adversarios de la Casa Rosada, que optaron por el silen­cio misericordioso cuando se enteraban de un cuestionamiento directo que caía como un rayo desde el Senado, el Instituto Patria y La Cámpora. 

Alberto Fernández hizo la cadena na­cional y después fue hasta el departamen­to de CFK en la avenida Juncal. Fue un en­cuentro frío. Y ella actuó respondiendo a su naturaleza personal: no hubo foto con­junta para las redes sociales, ni tampoco un posteo en Twitter agradeciendo el respaldo institucional del jefe de Estado. Esa lejanía política aparece nítida cuando se observa la relación cotidiana que une a CFK con Massa. En ese vórtice de poder que crearon la vicepresidenta con el mi­nistro de Economía, el Presidente aparece relativizado en su rol institucional