Zoe Goya: el fiscal cruzó al querellante 

Las repercusiones por la decisión de la Justicia pro­vincial de declararse in­competente en la causa que investiga la estafa a un cen­tenar de ciudadanos goya­nos por parte de la empresa Generación Zoe, continua­ron ayer con declaraciones del fiscal sustituto -quien asumió el cargo luego de las amenazas al anterior procurador- donde no solo se brindaron explicaciones de los motivos que lo lle­varon a solicitar la trans­ferencia del expediente al fuero federal ante el juez de Garantías que convalidó tal pronunciamiento, sino que cuestionó al abogado quere­llante, quien tras la decisión judicial salió a cuestionarla y advirtió que esta medida beneficia al principal acusa­do y gerente del consorcio, Leonardo Cositorto. "No sé cuál es el inconveniente si él adhirió al pedido", sostuvo el representante del Ministe­rio Público en declaraciones radiales. 

El doctor Juan Castillo, fiscal sustituto de la causa Generación Zoe, se refirió a la decisión de la Justicia correntina de remitir la cau­sa al Juzgado Federal Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la am­pliación de los cargos contra Cositorto y sus empleados. "Juntamos una serie de evi­dencias consistentes en el lavado de activos, que todos sabemos que es un delito autónomo contra el sistema financiero nacional", acla­ró Castillo y recordó que tal tipo de ilícito corresponde ser investigado por el fuero federal y no provincial, lo que justifica la declaración de incompetencia por parte del juez de Garantías, Carlos Balestra. 

El jueves en la audiencia donde se hallaban reunidas las partes (fiscalía, querella y defensa), el magistrado declaró la incompetencia del Juzgado de Garantías a su cargo a petición del fiscal para entender en la causa Generación Zoe, en la que están imputados Cositorto y una decena de personas más, y ordenó remitir el caso al juzgado de Ariel Lijo. La decisión provocó el enojo del querellante Pablo Fleitas, quien manifestó que lo que hicieron las autoridades fue "sacarse la causa de encima". 

Tras los dichos del doc­tor Fleitas, el fiscal Castillo respondió en una entrevis­ta radial: "No es que la Jus­ticia correntina no pueda investigar, es una cuestión superada y hay una causa antecedente como la de los colombianos (por el delito de usura) que la tramitó el juez Martín Vega, en la cual se declaró impotente y hace poco tiempo el Tribunal fe­deral los condenó a todos. La Corte tiene una postura asentada, no hay una do­ble interpretación en esto y declaró que en este tipo de delitos trasnacionales inter­viene la Justicia federal". 

Además, el representan­te del Ministerio Público aseguró que el querellante "adhirió (a su planteo) y está grabado en la audiencia con el doctor Balestra; el doctor Fleitas se adhirió tanto a que se remita al juzgado federal del doctor Lijo o a la Justicia federal de Corrientes, por eso no entiendo sus declara­ciones".

Según fuentes judiciales, el planteo de la fiscalía se basó en la ampliación de los delitos contra Cositor­to y compañía, que hasta el momento consistían en asociación ilícita y estafa en la modalidad de delito continuado. Por otra parte, los informes obrantes en el legajo de investigación, la constitución de sociedades que funcionaban como fa­chadas y sus domicilios, son del Aérea Metropolitana de Buenos Aires. Habría por tanto, dos grandes bases de esa "asociación ilícita" en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y en Villa Ma­ría (Córdoba) y la evidencia colectada sobre todo en re­lación al organizador de la banda delictiva, Cositorto, el informe Nº 26/22 de la UIF detalló que el imputado habría sido monotributista, Categoría A, e incluso bene­ficiario del IFE, por lo que no tendría la base económica financiera como para sus­tentar Generación Zoe. 

Para Castillo, se conformó una asociación ilícita inter­jurisdiccional que llevaría adelante un único accionar delictivo complejo que se integra con varios ilícitos dentro del mismo contexto de competencia federal

"Delito autónomo"

"Con el informe de la Policía Federal y de la Unidad Fi­nanciera de Argentina se pudo saber que esta banda que operaba a nivel nacional realizó movientes de remesas por fuera del sistema financiero nacional y esas remesas económicas eran multimillonarias, lo que configura un lavado de activos que todos sabemos, es un delito autó­nomo contra el sistema financiero nacional", explicó el fiscal Castillo.