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Nuevo Código Procesal de la Nación deja a Corrientes inmersa en el anacronismo

El de la provincia data de 1971 y es tachado de “inconstitucional”. La alianza gobernante, al repetir el discurso nacional quedó en “offside”.

Una de las características fundamentales del nuevo Código Procesal Penal de Nación es que el juez “no puede realizar actos de in­vestigación” (art. 9) mien­tras que “la acción pública es ejercida por el Ministe­rio Público Fiscal” (art. 25). Estas disposiciones entran en colisión con el mode­lo que rige el servicio de justicia en la provincia de Corrientes. Como lo seña­ló el reconocido penalista Jorge Eduardo Buompadre, en la actualidad el juez de Instrucción, el fiscal y la Policía son los encargados de investigar: “El problema no está en la propia función de investigar un hecho de­lictivo, sino en que los tres estamentos ‘investigan el mismo hecho’ ¡tres veces! Todos desempeñan una misma función”. A consi­deración del jurisconsulto, este escenario “genera pro­bables focos de corrupción que hay que desterrar”, además de gastos irracio­nales al erario público.
Por su parte, el Poder Judicial, constante blanco de críticas, ha intentado -a través de los medios que dispone- estar en sintonía con las actualizaciones que a nivel nacional dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, días atrás el Poder Judicial informó sobre la incorporación de nuevas prácticas, como la oralidad y la inmediación (previstas en el nuevo Có­digo). Incluso el año pasado se generó una controversia luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispusiera la aplicación de un protocolo de actuación en caso de flagrancia, ya que el gesto fue interpre­tado por abogados (entre ellos Buompadre) como inconstitucional: “En mi opinión (el STJ) carece de estas facultades, pues una cosa es dictar por ejemplo un reglamento interno o directivas en materia de gestión, y otra muy distinta sancionar una norma que introduce modificaciones o innovaciones a un proce­dimiento penal ya regulado en una ley provincial (Códi­go Procesal Penal), lo cual es competencia exclusiva del Poder Legislativo”, ha­bía dicho.
El Código provincial espera tratamiento legis­lativo, mientras parches institucionales más que enmendar acaban expo­niendo que el problema es estructural.s