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Tiempos modernos

Rige el nuevo Código Procesal Penal Federal, que busca agilizar las causas

Los cambios incluyen herramientas para juzgar los casos de delitos complejos. divide acciones entre juez y fiscal.

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El nuevo Código Procesal Penal Federal, aprobado en el Congreso el 6 diciembre con el fin de agilizar las investigaciones de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros delitos, comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial el jueves pasado. La nueva normativa, que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014, está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos. Entre ellos, se encuentran el narcotráfico, los hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado. “El flamante código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años”, recordó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa. También instaura el sistema acusatorio, que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante. La implementación de la nueva norma comenzará en Salta y Jujuy a mediados de mayo, para seguir luego con las jurisdicciones del Sur y finalmente las del centro del país. El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura brindaron capacitaciones, tanto en litigación como en investigación, a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, mientras que la Defensoría General capacitó a defensores oficiales y secretarios letrados. Además, la cartera que conduce Germán Garavano aportó también el financiamiento para equipar los laboratorios científicos provinciales. También se capacitó a unos 450 integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el Norte del país y simultáneamente se dictaron talleres en academias de formación de oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. “Aplicar este nuevo código permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”, señaló el ministro Garavano tras la publicación del flamante Código.

Una de las características fundamentales del nuevo Código Procesal Penal de Nación es que el juez “no puede realizar actos de in­vestigación” (art. 9) mien­tras que “la acción pública es ejercida por el Ministe­rio Público Fiscal” (art. 25). Estas disposiciones entran en colisión con el mode­lo que rige el servicio de justicia en la provincia de Corrientes. Como lo seña­ló el reconocido penalista Jorge Eduardo Buompadre, en la actualidad el juez de Instrucción, el fiscal y la Policía son los encargados de investigar: “El problema no está en la propia función de investigar un hecho de­lictivo, sino en que los tres estamentos ‘investigan el mismo hecho’ ¡tres veces! Todos desempeñan una misma función”. A consi­deración del jurisconsulto, este escenario “genera pro­bables focos de corrupción que hay que desterrar”, además de gastos irracio­nales al erario público.
Por su parte, el Poder Judicial, constante blanco de críticas, ha intentado -a través de los medios que dispone- estar en sintonía con las actualizaciones que a nivel nacional dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, días atrás el Poder Judicial informó sobre la incorporación de nuevas prácticas, como la oralidad y la inmediación (previstas en el nuevo Có­digo). Incluso el año pasado se generó una controversia luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispusiera la aplicación de un protocolo de actuación en caso de flagrancia, ya que el gesto fue interpre­tado por abogados (entre ellos Buompadre) como inconstitucional: “En mi opinión (el STJ) carece de estas facultades, pues una cosa es dictar por ejemplo un reglamento interno o directivas en materia de gestión, y otra muy distinta sancionar una norma que introduce modificaciones o innovaciones a un proce­dimiento penal ya regulado en una ley provincial (Códi­go Procesal Penal), lo cual es competencia exclusiva del Poder Legislativo”, ha­bía dicho.
El Código provincial espera tratamiento legis­lativo, mientras parches institucionales más que enmendar acaban expo­niendo que el problema es estructural.