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Todavía es posible hacer justicia

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó llevar a juicio a dos escribanas involucradas en la triangulación inmobiliaria de Ricardo Colombi y Marcelo Laslo.

Del conglomerado tribunalicio de Comodoro Py, ubicado en el barrio porteño de Retiro y que constituye algo así como la cocina de la Justicia Federal en el país, llegaron nuevas noticias inquietantes vinculadas a Corrientes y puntualmente al poder político. El hecho novedoso es que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que vayan a juicio dos escribanas que intervinieron en el negocio de la triangulación inmobiliaria que protagonizaron el ex gobernador y actual senador provincial Horacio Ricardo Colombi, el ex titular del Pami Corrientes, Hernán Marcelo Laslo y su esposa -funcionaria provincial- María Elena Haddad. El fallo, que da crédito a las sospechas de maniobras fraudulentas para disimular la compra y posterior donación de dos valiosas propiedades en esta capital, reabrió un camino en busca de la verdad. Quizás, todavía sea posible hacer Justicia, es decir, aún quedan chances de llegar a dilucidar el proceso, determinar responsabilidades penales si correspondiere y asignar, en consecuencia, castigos o absoluciones.

Los sobreseimientos que dictó en su momento el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila poco favor hicieron en procura del objetivo central que es llegar a la verdad real. No hay que perder de vista que la causa (que lleva el número 34020343) tiene como principal imputado a quien fue tres veces gobernador de Corrientes y se le endilga una ristra de figuras penales: enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, falsedad ideológica, evasión tributaria agravada y abuso de autoridad. No solo a Colombi le debería importar que se resuelva su causa, pese a que está protegido por los fueros y blindado por la coraza política que se soldó a lo largo de dos décadas en el poder. Al sistema político, a sus correligionarios y socios electorales, a las instituciones, a la propia justicia, le tendría que importar llegar a una resolución que permita erradicar el albur y sanear la imagen de una figura pública. No debe ser grato transitar por la vida cotidiana, enfrentar la mirada de los vecinos, convivir con los suyos cargando la mácula de la sospecha permanente. Envueltos en la ignominia de estar apuntado permanentemente por la Justicia. La acusación abierta, suspendida en el limbo de los incidentes que edifican los abogados para dilatar las decisiones, es quizás la peor de las condenas, una suerte de sentencia tácita, no formal, pero concreta. Una mancha, con cierto grado de pestilente cobardía, que es imposible de limpiar y ocultar. Para colmo, Soto Dávila en su desteñida actuación en la investigación, firmó sobreseimientos parciales. El sobreseimiento es la suspensión del procedimiento judicial, en ocasiones por falta de pruebas, y supone una declaración de perdón condicional, no de reivindicación absolutoria. Carlos Vicente Soto Dávila, que marcó a fuego la causa por la “mansión de Ricardo Colombi” durante su suplencia al frente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, acaba de renunciar a su cargo acorralado por las denuncias que lo vinculan al narcotráfico. El ex juez está procesado y con prisión domiciliaria. Fue un colega suyo, Sergio Torres, quien tiene despacho en Comodoro Py, el que lo acusa de liderar una asociación ilícita para favorecer con resoluciones a los narcotraficantes. No tiene relación directa, pero no deja de ser llamativo que Soto Dávila, que está salpicado por las sospechas de cohecho (léase coimas), haya dictado los “perdones” en el expediente de Colombi y su mecenas Laslo. Del mismo modo también es para resaltar que fue en Comodoro Py donde se sustanció y avanzó la investigación contra Soto Dávila, y ahora, además, dan un giro en la causa de la Mansión llevando a juicio a las escribanas Gladys Dionisia Báez y Roxana Edith Cabral. ¿Si las escribanas van a juicio, por qué los otros no?s