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Procesamiento y embargo millonario a Lázaro Báez por retención de aportes

Consideran que se guardó casi 230 millones de pesos destinados a jubilaciones que les descontaba a los empleados de su empresa.

El titular del juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº1, Ezequiel Berón de Astrada, dictó el procesamiento del empresario Lázaro Báez -en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 33 millones de pesos, en el marco de una causa presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del denominado Grupo Báez habían retenido los aportes correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia por una suma cercana a los 230 millones de pesos, que no eran ingresados al fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional, según informó la Administración fiscal. Entre las empresas del Grupo Báez se encuentra la firma chaqueña, Sucesores de Adelmo Biancalani, que controlaba el empresario kirchnerista y a la que se le adjudicó la obra de pavimentación de la Ruta 40 de acceso al Iberá, en la provincia de Corrientes. El trabajo nunca se hizo, pero los pagos se ejecutaron a través de Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes que firmaba los certificados de obra y -supuestamente- controlaba su ejecución. La Ley Penal Tributaria prevé una pena de dos a seis años de prisión para este tipo de delitos. Entre las consideraciones vertidas por el magistrado para resolver la situación procesal se destaca la mención a que “todas las sociedades habrían estado integradas por personas físicas que habrían intervenido en las mismas a pedido de Lázaro Báez, quien además en algunas de aquellas, poseía la calidad de socio privilegiado, en otras de representante legal y en otras la de administrador de hecho”. En otros pasajes de la resolución, el juez advierte “la presencia de diversos actos societarios de firmas relacionadas económicamente entre sí, que obedecen a una voluntad social similar y en relación a la misma obligación tributaria”. En el mismo acto se dispuso el procesamiento de Martín Báez, hijo de Lázaro, como autor o instigador, y de Julio Mendoza como coautor del mismo delito, trabando embargo sobre sus bienes por 29 y 24 millones de pesos, respectivamente; como así también la responsabilidad penal y embargo de las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem.

PÉrsico

La Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso denunció hoy penalmente al dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, por no haber presentado su declaración jurada cuando se desempeñaba como secretario de Agricultura Familiar durante el gobierno pasado. Fuentes judiciales consignaron que el organismo pidió que la Justicia indague si el dirigente social cometió “una omisión maliciosa” que el artículo 268/3 del Código Penal castiga con 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Según la normativa vigente, Pérsico, por su condición de funcionario público, con rango de secretario de Estado, estaba obligado a presentar una declaración jurada patrimonial.s