La Iglesia Católica pidió no convertir a los menores en enemigos sociales
En el debate por la modificación del régimen penal juvenil, la Pastoral observó que no es razonable plantear el tema en un año electoral.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuestionó ayer la idea del Gobierno de debatir la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y consideró que no se puede convertir a los chicos infractores en casi enemigos sociales. No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi enemigos sociales, sostuvo la Iglesia argentina. Los prelados consideraron que no pareciera razonable en un año electoral que se produzca este debate para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática. En medio de la polémica por la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, la Iglesia salió al cruce y reclamó hacer cumplir los derechos de los jóvenes. La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia subrayó que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral. Al respecto, en un documento titulado Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad, los obispos advirtieron que no se debe mirar solamente la fotografía del hecho, sino focalizarse en la película de su vida para atrás. Además, la Iglesia afirmó que el debate que quiere propiciar el Gobierno no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones, Ni un pibe menos por la droga que lanzó la institución en noviembre pasado y que fue recogido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre. Los obispos también citaron en el documento una carta pastoral del Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires. Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización, afirmó Bergoglio en ese momento.s