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El juez Bonadio allanó la inmobiliaria que era de Máximo Kirchner

En medio del receso de los magistrados, la policía encabezó un operativo para recolectar documentación en “Sanfelice Sancho & Asociados”.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó un allanamiento en la inmobiliaria “Sanfelice Sancho & Asociados”, de la cual integraba el diputado nacional Máximo Kirchner, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como “Los Sauces”. El allanamiento que se realizó en la inmobiliaria ubicada en la ciudad de Río Gallegos fue con el fin de buscar documentación vinculada a la investigación sobre Cristina Kirchner y su hijo Máximo. Desde la mañana de ayer los efectivos se presentaron en la inmobiliaria ubicada en la calle Néstor Kirchner 496 y también un segundo operativo en Maipú 2200, de Río Gallegos, donde se encuentra la sede de Negocios Patagónicos, también del empresario Osvaldo Sanfelice, socio inmobiliario de Máximo Kirchner en la ciudad. Bonadio buscaba acceder a documentos, comprobantes y libros contables referidos a dos sociedades supuestamente vinculadas a la familia Kirchner. El allanamiento en la inmobiliaria “Sanfelice Sancho & Asociados” fue clave pues es la que lleva adelante la administración de varias propiedades atribuidas a los Kirchner: los efectivos de la Policía Federal se llevaron varias cajas con documentación del lugar. En la causa se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero y el presunto enriquecimiento de la expresidenta a raíz de esos negocios sospechados de ilegalidad. Es que la investigación apunta al presunto retorno de dinero por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de alquileres de complejos habitacionales que pertenecen a los Kirchner, y a través de la sociedad “Los Sauces” que integran Cristina y Máximo. El pasado 15 de diciembre, Bonadio había dispuesto la intervención por seis meses de la sociedad “Los Sauces” y también sobre los bienes de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner: en ese sentido, se designó “interventores informantes” que deberán obtener datos sobre pagos y cobros recibidos, o sea las transferencias de dinero hechas. Bonadio consideró clave la información del “entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades, donde -advirtió- se podrían encontrar actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales”.s