Reflexiones sobre la nueva ley que agrava las penas por siniestros viales

Ha sido sancionada recientemente la Ley Nº 27.347 por insistencia de la Cámara de Diputados de la Nación en el proyecto original enviado al Senado y que modifica, esencialmente, las escalas penales para los casos de muertes o lesiones ocasionadas mediante la conducción de vehículo con motor, aumentándose los mínimos y máximos de las escalas penales si se verifican determinadas circunstancias en la conducción del vehículo, tales como estar bajo los efectos de estupefacientes; con más de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre en caso de ser conductor de transporte público o 1 gramo de alcohol por litro de sangre en los demás casos; conducir a exceso de velocidad en más de 30 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida; sin la habilitación correspondiente para la conducción de vehículos con motor; violando la señalización del semáforo o señales de tránsito que indican el sentido de circulación; cuando fueren más de una las víctimas; cuando el conductor se diere a la fuga o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el art. 106 del Código Penal (abandono de persona); o cuando existiera culpa temeraria y, finalmente , cuando las muertes o lesiones fueran consecuencia de la participación en una prueba de velocidad o de destreza con vehículo motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. Así entonces los legisladores decidieron, sin duda a instancias de veteranos reclamos de organizaciones civiles, tales como el de las Madres del Dolor y otras, en lo que aquí me interesa explicar que, en caso de que se produzca la muerte conduciendo un vehículo motor y dándose algunas de las circunstancias referidas, la escala penal será de tres años como mínimo y de seis años como máximo de prisión y que, en los supuestos de lesiones si se dieran las circunstancias antes aludidas en la conducción del vehículo con motor, la escala penal sería de dos años como mínimo y cuatro años como máximo. Se incorporó una figura penal nueva de peligro, denominada en la doctrina penal como de “conducción peligrosa” que llevaría en el articulado del Código Penal vigente el número 193 bis y que castiga con pena de seis meses a tres años de prisión al conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizado sin la debida autorización de autoridad competente. La primera pregunta que se me vino a la mente luego de leer el proyecto, hoy convertido en ley, era si realmente se lograría en un futuro no muy lejano el loable objetivo perseguido por la ley en cuestión de bajar la enorme tasa de mortalidad que lamentablemente hace que hoy y en nuestro país sea unas de las principales causas de mortalidad. Advierto sin embargo, que mientras se va endureciendo la reacción del poder punitivo del Estado mediante el considerable aumento de las penas, no obstante el número de muertos por causas de accidentes viales no ha bajado. Veamos. Vigente el Código Penal (CP) en el nuevo período democrático, texto según Ley 11.179 (1994), las escalas penales por los homicidios culposos eran de prisión de seis meses a tres años (art. 84 CP) y de un mes a dos años de prisión por las lesiones en el cuerpo o la salud de la víctima; adicionalmente se preveía la pena de inhabilitación especial conjunta por el homicidio y la pena alternativa de multa e inhabilitación por las lesiones. En el año 1999 mediante la Ley 25.189 se modifican los arts. 84 y 94 del CP, de homicidio y lesiones, respectivamente, incrementándose las escalas penales de manera que el homicidio culposo, cualquiera fuera su modalidad comisiva, pasó a tener una escala penal con un mínimo de seis meses y un máximo de cinco años de prisión con igual cantidad de años de pena de inhabilitación especial; por otra parte, si la muerte era cometida específicamente mediante la conducción imprudente de un vehículo automotor o si fuesen más de una las víctimas fatales, el mínimo de aquella escala aumentaba a un año de prisión. En tanto que y respecto de las lesiones culposas, se estableció un escala penal con un mínimo de un mes a tres años de prisión manteniéndose la alternativa de multa e inhabilitación; la novedad, además del incremento del máximo de la pena de prisión que antes era de dos años y pasó luego a tres, era que en el supuesto caso de que las lesiones fueran graves (art. 90 del CP) o gravísimas (art. 91 del CP) y fueran causadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor o se tratare de más de una las víctimas, el mínimo de la escala penal subía a seis meses. Finalmente, el 22 de diciembre próximo pasado se dio sanción al proyecto de ley con los nuevos incrementos de pena que he mencionado, según las circunstancias en las que se ocasionara la muerte, lesiones o puesta en peligro conduciendo un vehículo con motor. Pero las estadísticas y los promedios de muerte en siniestros viales con que se cuentan me hacen dudar, con buenos fundamentos, de que aumentando las escalas penales se pueda lograr aquel bienvenido objetivo perseguido por los legisladores nacionales y los deudos de víctimas en accidentes de tránsito agrupados en una asociación civil. En efecto, según la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” y conforme se extrae del siguiente cuadro, el total de muertos en Argentina en el período 1992-2015 ha sido de 182.522 personas; con lo cual el promedio de muertes en esos 24 años relevados, han sido de 7.606 muertes/año. Esto nos está indicando algo y es lo siguiente: que el incremento de las escalas penales a modo de prevención general no ha solucionado ni por asomo el problema, ni lo va a solucionar.