Columnista
Otro albur en Vialidad, ahora siguen una pista de pornografía infantil
Una fiscalía porteña, especializada en delitos informáticos, requirió explicaciones.
Actividades en Internet sospechadas de divulgación o distribución de pornografía con menores, habrían sido llevadas a cabo en computadoras de Vialidad provincial de Corrientes y detectadas por la organización internacional para niños desaparecidos y explotados (NCMEC es su sigla en inglés), uno de cuyos procedimientos preventivos es vigilar la web. Cuando desde NCMEC detectan una foto compartida por Facebook, Twitter, Google, YouTube u otras redes sociales o chats de menor relevancia, identifican la computadora que está realizando la actividad.
Los investigadores argentinos se enteran prácticamente en el acto en virtud de un convenio firmado con NCMEC que se halla vigente desde 2013. La información es enviada por NCMEC al Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el que se encarga de distribuir los informes a las provincias correspondientes. Desde agosto de 2016, el Gobierno de Corrientes recibió pedidos de información solicitados por el coordinador general de Fiscalías Especializadas en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la CABA sobre al menos cuatro reportes sobre actividad ilegal en la instalación informática de Vialidad.
Las investigaciones preliminares iniciadas en base a reportes NCMEC están caratuladas “NN s/infracción al Art. 128 del CP - producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir pornografía infantil”. En el citado artículo el Código Penal reprime con “prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” toda representación de actividades sexuales con menores.
Los reportes NCMEC Nº 10371535, 11418254, 13369438 y 13566613, vinculados respectivamente a los Expedientes Nº 820-03671, 820-03672, 820-04478 y 820-04733, son del año 2016. El número “820” corresponde a los expedientes de la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes.
En septiembre de 2016, el jefe del Departamento de Asuntos Legales, Edgardo Alderete, habría solicitado al directorio de Vialidad la contratación de una auditoría informática externa para realizar la identificación de los equipos involucrados y preservar ‘”el material probatorio de la investigación promovida por la fiscalía interviniente”. Según Alderete, se habrían producido “inconsistencias verificadas en los informes emanados del responsable”.
Actualmente se hallan imputados varios funcionarios viales; pero sería sumamente importante que la fiscalía especializada en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal de la CABA, que promueve la investigación, disponga con Alderete la conservación bajo estricta custodia de los equipos informáticos del ente vial en pos de la preservación del material eventualmente pornográfico, dada la eventualidad de que algún imputado podría zafar si se aplicara la jurisprudencia sentada en la Justicia de Corrientes por el excamarista Eduardo Panseri, según la cual, él necesita ver personalmente las películas para ponderar su aptitud “lujuriosa”, especialmente si los acusados tienen alguna cobertura de impunidad por ser personeros políticos o testaferros del Gobernador.s
Vialidad de Corrientes tiene causas abiertas en la Justicia provincial y federal por distintos hechos que reportan a irregularidades administrativas o al menos sospechas de ellas. Controlado por un delegado del Poder Ejecutivo a través de una intervención de vidriosa legalidad, el ente suma problemas y su personal no gana para sustos. Aunque algunos ganan bastante bien, pero ése es otro asunto. Lo concreto es que en la Justicia correntina se tramita una denuncia contra las autoridades de Vialidad que han puesto las obras públicas en manos de los agrimensores, relegando a los ingenieros. En tanto, en el Juzgado Federal de esta ciudad se investiga la actuación de la DPV en el robo que perpetró Lázaro Báez con la Ruta 40 de acceso al Iberá
El caso de la falsa emergencia energética: “Haz lo que digo, no lo que hago”
Los portavoces de la empresa de energía de Corrientes (Dpec) anuncian que si hubiera exceso de demanda habrá cortes de energía en los días de más calor. El argumento es que no alcanza la generación de electricidad del país. Sin embargo, ese imaginario plan de ahorro eléctrico no puede justificarse en las limitaciones del sistema nacional; en primer lugar porque sería un desatino que Ricardo Colombi pretenda dejar a cargo de los usuarios el cuidado de la energía, cosa que él no hace, y principalmente porque es contrario a toda razón pretender que los usuarios que consumen la mitad de la energía comprada al sistema nacional sean quienes economicen “hasta un 5%” de la electricidad mientras al Gobierno se le pierde el otro 50% y nadie explica adónde va. “Pérdida de energía” es la diferencia entre la electricidad comprada al mayorista y la electricidad suministrada (vendida) a los usuarios. Hay una clase de pérdidas que es energía consumida por alguien, pero que no es registrada.
Hace tiempo el ex secretario de Energía, Gatti, afirmaba que una empresa distribuidora que tiene pérdidas de energía superiores al 45% no puede adoptar como plan de ahorro eléctrico la alternativa de que sus usuarios economicen cuando consumen apenas 50% de lo que se compra al sistema nacional y que esa alternativa pueden aplicar aquellas distribuidoras con pérdidas aceptables inferiores al 15%.
Visto de otra manera, si se necesita economizar, en este caso “un 5%” de la electricidad que demandan los usuarios, pero a la vez el Gobierno pierde la mitad de la energía que compra, la pregunta viene sola: ¿no sería más sensato que el Gobierno “pierda” menos? (o mejor, que pierda mucho menos), especialmente porque el altísimo porcentaje de pérdidas de la Dpec se produce por negligencia e incluso por “tráfico ilegal de energía”, como este cronista lo definió antes en este mismo diario.
El concepto se simboliza con la corriente eléctrica como si fuera una corriente de dinero que fluye por los cables, con la finalidad de mover fábricas, talleres y electrodomésticos, o sea producir beneficios; pero hay aprovechamientos ilegales que quedan disimulados entre las pérdidas originadas por los “colgados”, y por eso éstas son funcionales a algunos encargados de brindar el servicio, que a su vez forman parte de las redes de ilegalidad y por eso las grandes pérdidas no disminuyen, sólo se maquillan para disimular la rapiña.
EL CO$TO DE LA$ PÉRDIDA$
Si se multiplica la energía perdida por el precio promedio de venta, la cifra del dinero que pierde la Dpec es astronómica. Para tener una idea, la energía operada en 2014 andaría por 2.500.000.000 kW/h y si las “pérdidas de energía” son el 40%, la cuenta da mil millones de kW/h en el año 2014.
Si se multiplica la energía perdida (estimada) en el año 2014 (1.000.000.000 kW/h) por el precio promedio de venta (0,2111 $/kWh) vigente en ese año (Cuadro tarifario Nº 89), se obtiene $211 millones de pérdida económica directa; vale decir más de $17 millones promedio al mes.
Volviendo a los anuncios del Gobierno, éstos se basan en culpas ajenas, como la insuficiente generación de energía. No obstante, los anuncios del Ministerio de Energía de la Nación ayudan a enmendar los desvaríos de los portavoces locales. El ministro Juan José Aranguren admitió que se contemplan dos tipos de cortes o apagones: 1) los programados debido a que no alcanza la capacidad de generación de energía en el país y 2) los cortes vinculados al mal estado de cables y de transformadores y a la “falta de mantenimiento o ausencia de inversión”.
Respecto de lo segundo (caso de Corrientes) quedó bien claro que las empresas distribuidoras que son responsables de que ese tipo de corte ocurra serán penalizadas y se definirá si hay una compensación para las personas damnificadas. Prueba de ello es que el Gobierno nacional anunció un listado oficial de las distribuidoras Edenor y Edesur (Capital Federal y Gran Buenos Aires) con la cantidad de usuarios a los que se les iba a interrumpir el servicio: 190.059 el jueves y 196.352 el viernes, precisando la localidad, el número de subestación y de medidor. Así, los usuarios de las distribuidoras, con el número de subestación y de medidor que figura en la factura, podían ver en los listados oficiales si estaban alcanzados por los cortes.
Si bien el ministro nacional se refería a usuarios de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, Corrientes también forma parte de la Argentina y los damnificados de acá tenemos los mismos derechos que los de allá, por lo cual habrá que estar bien atentos para ver si los cortes de la Dpec son programados o por causas accidentales. Si no hubiera listados oficiales es probable que nos quieran hacer pasar la falta de mantenimiento y ausencia de inversión por insuficiencia de electricidad en el sistema nacional; porque acá la cuestión no sólo es que sea insuficiente la electricidad, sino que a Colombi se le pierde mucho. Además, es una insolencia que la pretendida responsabilidad de “economizar” sea transmitida al pueblo bajo advertencia de cortes de energía en los días de más calor.
CONFESIONES
Entre los recientes anuncios se lee que tratan de “agilizar y facilitar los trámites de altas de suministro a miles de familias” y parece una confesión pues, sin dar pistas, alude a algún mecanismo perverso que se ocuparía de entorpecer o dificultar las altas de suministro a miles de familias que serían “colgados”. La cuestión es, por qué recién ahora lo podrían hacer, dado que el Reglamento General para el Suministro de Energía Eléctrica (RGSE), que rige en la Dpec desde hace años, obliga a los encargados a fiscalizar los puntos de suministro “que no registren el consumo del usuario o lo hagan defectuosamente” y reprime las pérdidas no técnicas empezando por un acta de constatación y finalizando con el recupero de la energía y/o potencia “efectuando los débitos en forma retroactiva” (RGSE Art. 5.2). El número de actas de fraude (y recupero de energía) es un parámetro relacionado inversamente con las pérdidas de energía; o sea: más actas = menos pérdidas, pero el número de actas desciende en forma vertiginosa desde 18.000 en el año 2006 hasta menos de 4.000 en 2014.
También esta semana la Dpec comunicó que estaba autorizada a interrumpir el servicio por sectores durante los horarios de la siesta y noche, pero eso suena a cuento chino porque Cammesa no “autoriza”. Más bien parece que es una justificación por los cortes sorpresivos de luz, que cuando se corta y a los pocos segundos vuelve con picos altos, son virtuales atentados terroristas contra los electrodomésticos por el deterioro que provocan y después, chau tu plata.
Volviendo a los anuncios del Gobierno, éstos parecen el enésimo intento de utilizar la falsa emergencia energética para justificar los apagones; falsa porque esencialmente se deben al deplorable estado del sistema de distribución y transmisión por falta de mantenimiento e inversiones. Sólo la insistencia propagandística puede sostener una imagen de “emergencia” tan opuesta a la realidad.s