Represión del 99: cerca del fallo en lo económico y lejos de la causa penal

La Justicia argentina es ambivalente está cerca de reconocer económicamente los daños ocasionados a unas veinte personas durante los violentes hechos del 17 de diciembre de 1999, pero en la parte penal ni siquiera hay imputados por una causa que debería investigar los responsables del último quiebre institucional en la provincia de Corrientes. La represión a manifestantes correntinos que cortaban el puente interprovincial Manuel Belgrano, dejó dos muertos y más de un centenar de lesionados que hasta hoy padecen secuelas físicas y psicológicas. Los fallecidos fueron Francisco Escobar y Mauro César Ojeda, ambos recibieron certeros disparos a la altura del pecho. Se sospecha, hechos por francotiradores apostados en las azoteas de edificios en la zona de la avenida 3 de Abril. Ambos cayeron en la intersección de dicho bulevar y la calle Chaco. El abogado de la familia del joven Escobar y de otros 19 damnificados de aquel sangriento día, Daro Esquivel, habló con NORTE de Corrientes sobre el reconocimiento que hizo el Estado Nacional de su responsabilidad “en la utilización de elementos estatales como ser la Gendarmería Nacional. Fuerza federal que intervino con un plan perfectamente armado y los elementos políticos que tuvieron participación directa en esos episodios”. Esquivel dijo que “es importante el reconocimiento que hace el Estado en la participación de esa represión pero lo más importante es que este hecho no quede impune. Porque para que se entienda la gravedad de todo eso, es que en la causa no hay imputados. Los únicos que fueron citados a declarar, como personajes relevantes, fueron el entonces ministro del Interior, Ricardo Storani y el comandante retirado, Ricardo Chiappe, Feu quien estuvo a cargo y al frente de feroz y violento operativo, prestaron declaración en la causa pero como testigos”. El expediente penal se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, a cargo de Carlos Soto Dávila. Esquivel junto con representantes de derechos humanos y familiares de los muertos y heridos en la represión, se reunieron con el magistrado el pasado 20 de diciembre. “Nos dijo que hagamos todas las presentaciones que entendamos pertinentes, que impulsemos la causa, pero sabemos que todas esas cosas sólo se agotan en eso, en el impulso porque en la realidad no prospera”. Esquivel explicó que parte del reconocimiento de la responsabilidad estatal en la represión del 99, empezó en 2012, en una visita de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Itatí el 18 de octubre de 2012. Allí se rubricó un documento donde el Estado Argentino accedía a “la solución amistosa”, una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte). Esquivel detalló que tras el decreto nacional 948, se formó un tribunal ad hoc (especial) para atender la causa de los heridos y familiares de los jóvenes fallecidos. “Ahora falta un juez, el Tribunal está integrado por un magistrado representante de los peticionantes, otro del Estado y el tercero es independiente. Son quienes fallarán con respecto a las indemnizaciones de esta gente que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Consultado sobre los montos y cuándo podría dictaminarse el inicio del pago de esos fallos, el abogado respondió que “los montos serán en dólares porque están basados en estándares internacionales. Es difícil calcular montos porque depende de cada peticionante, de cada lesión y el grado de gravedad. Por ejemplo, hay un persona que todavía tiene alojada una bala muy cerca del pulmón. Nunca se la quitaron por temor a que en la operación se complique el pulmón”. s