Manteros, un drama cíclico

En la ciudad de Buenos Aires se reeditó en los últimos días un conflicto que no es nuevo ni exclusivo de ese lugar: el desalojo y reubicación de los mal llamados vendedores ambulantes, que en los hechos son comerciantes informales (lease: ilegales) que ocupan el espacio público estableciendo una competencia desleal con el sector mercantil formalizado. Con algunos episodios de violencia, se repitió allí, en las inmediaciones de la muy conocida Estación Once, lo que en Corrientes y otras capitales del país ha venido ocurriendo de manera cíclica. Es que el problema está enraizado en la debacle del país, las sucesivas crisis económicas, el deterioro social, pero especialmente la degradación de la institucionalidad, dio origen, sostuvo y contribuyó a la proliferación de los feriantes, vendedores errantes, buscavidas. Allá son conocidos como los “manteros”, aquí llegaron a recibir denominaciones menos decorosas, como sea que los llamen son la cara de un país que bordea la marginalidad.

Primero y muy importante: lo que ocurre no es problema de ellos, sino del sistema. Se ganan el sustento eludiendo la ley, pero eso no los convierte en delincuentes, en todo caso transgresores. Parapetados en sus precarios puestos callejeros se transforman en contraventores de las disposiciones municipales referidas a la actividad comercial, y en todo caso -además- usurpadores del espacio público. La mayoría son laburantes rasos, personas por debajo del promedio, hombres y mujeres sin alternativas en el mercado del trabajo que terminan explotados por un acaparador que siempre está a salvo. Nunca, ninguna medida oficial alcanza a tocar al “capanga” que regentea el negocio. Pueden mudarse cien veces, acomodarlos en sitios más o menos cómodos y aptos para el comercio, pero el verdadero dueño sigue incólume. Cambian de lugar, de fachada, pero jamás desarticulan el negocio. Pasó en cada capital de provincia y seguramente pasará en la Capital Federal. El punto es que en ese mundo heterogéneo de manteros, feriantes o como sea que se los identifique anidan otras actividades que sí son ilegales. Está comprobado, hay suficientes evidencias que muestran el trasfondo oscuro, del que muchas veces las autoridades y la Policía son partícipes. Allí es donde hay que actuar con rigurosidad, sin concesiones. El drama que plantea esta modalidad de comercio informal, que se ha extendido por todo el territorio nacional, es que a la par de la contravención a las normativas, conducta que sostenida en el tiempo galvaniza una determinada cultura del “trabajo”, se edifican fachadas para negocios espurios y actividades ilícitas. No es un solo problema, sino tres en uno. El remedio debería ser, entonces, institucional. Si el Estado no asume la decisión de cambiar el sistema, establecer nuevas reglas y trabajar fuertemente para erradicar la marginalidad cualquier solución es efímera. Podrán remover una feria, pero pronto habrá otra en ese mismo lugar o muy cerca. En Corrientes hay bastantes antecedentes en la materia, los sucesivos gobiernos municipales desde la gestión de Ana María Pando -a mediados de la década de los 80- a la fecha han tenido que lidiar con los asentamientos comerciales ilegales. El primero de ellos estuvo en la explanada del viejo Mercado Central, que desapareció para dar lugar a la actual plaza Vera. Esas carpas fueron llevada al Puerto local y no pasó mucho tiempo para que apareciera otra feria en la zona céntrica, motivando a nuevas mudanzas. Se reproducen como hongos en un jardín, no es culpa de ellos, la gente necesita trabajar. El sistema quebrado es artífice del fenómeno. En la Capital Federal, en los últimos días, han tenido que batallar contra el problema y la solución adoptada no es prometedora, la vieja fórmula de la mudanza decorosa y un subsidio, que huele a soborno. Un arreglo con alambre, bien argentino.s