El costo del endeudamiento

El año 2017 comienza con claras señales sobre la orientación de la política económica en la Argentina. La necesidad de atraer inversiones en el sector energético, para resolver problemas de abastecimiento y, si fuera posible, generar excedente para la exportación se da en paralelo a un ciclo de crecientes despidos y suspensiones laborales.

El Gobierno nacional sale a buscar fondos en el mercado financiero mundial y local para cubrir necesidades de endeudamiento público que hagan sostenibles el programa económico y político en un año electoral. La situación energética en la Argentina motoriza a uno de los principales objetivos del Gobierno, que apunta a atraer inversores externos para explotar hidrocarburos no convencionales y avanzar en la diversificación de la matriz energética, eólica y nuclear, entre otras. Para ello necesita ofrecer ventajas a las transnacionales de la energía con potencialidad de inversión en el país. El interés compartido entre las empresas y el Estado apunta al acceso a los bienes comunes a costa del saqueo y la depredación; y a la flexibilización salarial y laboral para achicar el costo de la producción y evitar el conflicto social propiciado por los trabajadores de la energía en defensa de sus derechos. Según el economista y profesor universitario argentino Julio Gambina, con el acuerdo arribado en la Patagonia la semana pasada con las petroleras y con la mirada puesta en Vaca Muerta -como reservorio de hidrocarburos no convencionales-, el Gobierno logra una plataforma de reconversión regresiva de los convenios colectivos, que resulta muy favorable para los empresarios y sus expectativas de ganancias. Asienta antecedentes para otras ramas de la actividad económica y no solo del petróleo o la energía. Pero José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Argentina (Fetera) en la CTA Autónoma, manifestó hace unos días que estos acuerdos “tienden a reducir el salario petrolero, la punta de lanza de la reforma es ir por las condiciones laborales y el objetivo es flexibilizar aún más el trabajo y habilitar el camino a la renta extraordinaria de las empresas”. Macri y las principales empresas petroleras como YPF, PAE y Total impulsan una fuerte modificación al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para Vaca Muerta, con el objetivo de mejorar la “productividad” empresaria reduciendo “costos laborales” y ejemplifica con la pretensión de eliminar “remuneraciones adicionales”, “baja de personal en equipos de perforación (reduciendo a la mitad cada equipo, que pasará de 24 a 12 trabajadores aproximadamente.)”, “recorte del salario básico”; “habilitar la multifuncionalidad”, entre varios aspectos que manifiestan la intencionalidad de la complicidad del Gobierno y las empresas por reducir el costo laboral. Por esta misma razón Gambina hace hincapié en que la estrategia del Gobierno de Macri apunta a la modificación regresiva de los convenios colectivos de trabajo, a la reducción del costo salarial y en general a contener el conflicto y subordinar a la fuerza de trabajo a las necesidades del capital. La semana pasada el Gobierno tomó la deuda pública con seis bancos privados transnacionales, y buscará desde hoy obtener hasta US$ 13.000 millones en financiamiento en las próximas dos semanas, para cubrir de esa manera un tercio de los US$ 42.000 millones estipulados como necesarios para el tesoro nacional en 2017. El país no puede funcionar sin el ingreso de divisas, y ante la ausencia de inversiones se acude a los préstamos. Ambos mecanismos, las inversiones o el endeudamiento son formas de recreación de la dependencia y subordinación del orden local al capitalismo mundial, pero que a su vez generan condiciones de mayor precariedad y explotación laboral para los argentinos.s