La medida judicial entorpecida por las autoridades de Corrientes

“La medida judicial fue entorpecida o demorada en su normal ejecución por exclusiva responsabilidad de las autoridades policiales, el titular del Poder Ejecutivo y jueces ordinarios de la Provincia de Corrientes, con posible infracción al artículo 237 del Código Penal”. El director general de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, José Mario Moyano, calificó los hechos como “aberrantes y reprochables” en su denuncia ante el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Su escrito -que ayer trascendieron mayores detalles- es en relación al accionar de gobernador Ricardo Colombi, quien en uno de los allanamientos antinarco llevado a cabo por la Policía santafesina en Goya el pasado 21 de diciembre, trató de impedir el procedimiento con la compañía de efectivos de la Policía de Corrientes. En su relato al magistrado federal, Moyano involucra en forma clara y precisa con nombres -y demás detalles como horarios y números de celulares- a jefes policiales de la fuerza de seguridad provincial, al gobernador Ricardo Colombi y al juez de Instrucción Nº 2 de Goya, Carlos Antonio Balestra. Señaló que una vez que llegaron (la Policía de Santa Fe) en los 8 lugares previstos a allanar “munidos de facultades legales y con estricto cumplimiento de las formalidades procesales”, recibió -a las 7.58- un llamado del número 379 4505... Se trataba -siempre según la denuncia de Moyano- del subjefe de la Policía de la provincia de Corrientes, comisario general Mario Mendoza, quien le pidió explicaciones sobre la presencia de policías santafesinos en Corrientes a la vez que le comentó que había “varios padres que manifestaban que sus hijos fueron secuestrados y trasladados en una camioneta identificable con el Nº 5756”. El funcionario policial de Santa Fe añadió que lo tranquilizó (a Mendoza) y le aseguró que esas personas “no fueron secuestradas”, sino que estaban cumpliendo con el deber de la carga pública de oficiar de testigos en los allanamientos. Más tarde, el comisario mayor Hugo Valenzuela, de la Unidad Regional de Goya, se presentó en la calle Chile al 1100, donde allanaban un domicilio y le informaron que secuestraron pruebas. Moyano contó que su colega correntino tenía “notorio estado de malestar y nerviosismo, y comenzó a cuestionar con palabras agresivas e injuriantes la falta de aviso previo y la gravedad de trasladar testigos de la ciudad capital correntina”. Igual -dijo Moyano- los agentes santafesinos continuaron la tarea encomendada por el juez federal Alurralde. El policía de Drogas de Santa Fe, expresó que luego su personal de custodia externa de la casa allanada le contó que “Valenzuela había intentado ingresar en forma indebida (al domicilio que allanaban y donde había droga) con el peligro concreto de entorpecer la labor policial”. Moyano dejó constancia sobre ello: “Con el firme propósito de suspender o frustrar la medida judicial, el mismo funcionario Valenzuela ordenó a sus subalternos la concentración de la máxima cantidad de empleados policiales locales y móviles policiales identificables, tanto en la arteria de mención como así también frente a las viviendas, formando un cerco de seguridad como medida de amedrentamiento e incipiente amenaza al personal operante, logrando entorpecer el movimiento de supervisión de otros lugares allanados”. Luego de que los policías correntinos cercaron a los santafesinos, “llegó el doctor Balestra, un juez penal de la provincia de Corrientes, quien visiblemente exaltado ordenó que se suspenda la actividad policial”. Moyano aseguró que sus agentes no acataron la orden “porque se le exhibió el recaudo legal correspondiente”, es decir, la orden del juez Alurralde. “Entre tanta gente de sobra, llegó también el gobernador”, relató el efectivo denunciante en su escrito. “Ricardo Colombi arremetió contra el personal policial actuante con palabras insultantes y en un intento de poner fin al operativo intentó ingresar al interior de una de las viviendas que estaban allanando e intentó retirar por la fuerza a dos testigos de actuación, razón por la que la custodia externa le cerró el paso, lo que provocó la ira desmedida y agresiva”. El jefe policial santafesino contó que paradójicamente, mientras el gobernador estaba “tan nervioso e injuriante”, “los testigos le manifestaron espontáneamente que se encontraban en buen estado y que lo habían tratado bien”. Moyano declaró que teniendo en cuenta “la investidura del gobernador”, llamó al ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y los puso en comunicación. “Al cortar, Colombi se retiró del lugar en el mismo estado de exaltación, no sin antes ordenar a su personal policial que detenga a todos los policías involucrados en la medida judicial”, añadió. Más tarde, Valenzuela notificó a Moyano que “tenía orden del gobernador Colombi de meterme preso a mí y al resto del personal que se encontraba allanando, a lo que respondí que no resultaba procedente porque se cumplía una medida ordenada por la Justicia federal”. El denunciante señaló que “a las 13.30 se acercó nuevamente Valenzuela junto a otro comisario de apellido Bordón”. s