Quiénes están a cargo de la seguridad

Lo que no se ve no existe. En la provincia de Corrientes ocurren cosas de manera sistemática. La crisis que atraviesan los servicios esenciales que debe prestar el Estado es una de las tantas cosas que al parecer no existen y justamente no es porque no ocurran, sólo que está invisibilizada. Los reiterados casos de hechos delictivos graves que tienen como protagonistas a integrantes de la Policía provincial se reprodujeron en los últimos meses. Lo más gráfico es lo ocurrido hace semanas: un grupo de efectivos provinciales faenaban carne de animales robados, en la propia comisaría donde prestaban servicio. Se trata de la dependencia policial de la pequeña localidad de Pueblo Libertador, y casi quince días después de que se detuviera a los responsables del ilícito, tres uniformados, el comisario que llevó adelante el procedimiento recibió una orden de traslado. La ley del revés: quien cumple con su trabajo, lejos de ser premiado es sancionado. Quizás alguien observó dicha situación y decidió frenar el traslado del jefe policial que seguirá prestando servicios en la comisaría de Esquina. La primera orden era que debía presentarse de inmediato en la Unidad Regional de Ituzaingó. Pero este caso no es el único que involucra a policías. El más escandaloso episodio fue el procedimiento antidrogas llevado acabo en Goya el 21 de diciembre pasado, por parte de efectivos santafesinos. Una numerosa delegación policial de esa provincia arribó a la segunda ciudad en importancia de Corrientes, para demorar a narcotraficantes, pero se encontraron con sus pares correntinos. Los policías locales, lejos de colaborar hicieron todo tipo de maniobras para entorpecer el trabajo de los policías de Santa Fe. Incluso, la presencia del gobernador Ricardo Colombi en el lugar pidiendo a los gritos la presencia de un juez. Algo que luego ocurrió y completó un patético cuadro.

Lo que significó ese escándalo es por qué tienen que llegar a Corrientes fuerzas de seguridad de otras provincias para aprender a narcotraficantes. Luego, el Gobierno correntino informó que pedirá sanciones o pedido de destitución del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde; otra vez castigar a quien hace su trabajo. El magistrado es quien ordenó los procedimientos, un total de 8 en Goya y también en Santa Lucía. Los traficantes estaban siendo monitoreados por el funcionario judicial desde hacía meses. Trasladaban la droga entre Goya y Reconquista a través del río Paraná. La ley del revés es una constante puertas adentro de los límites de Corrientes. En el transcurso de 2016, otros delitos aún más graves tuvieron como protagonistas a otros elementos de la Policía provincial. Uniformados de los grupos de respuesta inmediata, conocidos con la sigla GRIM, fueron denunciados de violación por parte de un joven, al que lo detuvieron en la vía pública. El hecho lo cometieron luego en la sede de la Comisaría Cuarta en el barrio Aldana. Así se desprende de la parte instructoria del caso. En otra unidad policial del mismo grupo, pero en el barrio Molina Punta, efectivos a bordo de motocicletas demoraron a dos menores. Al llevarlas a la dependencia se comprobó que ambas tenían un pedido de localización. Se investiga a varios efectivos que pudieron tener relaciones íntimas con esas chicas. El delito es abuso, ya que son menores y agravado por el hecho de ser funcionarios públicos. Y además, las jóvenes tenían un pedido judicial de localización. Esta serie de episodios enumerados no son aislados, responden a un patrón que tiene que ver con la formación de quienes deben cuidar a la sxociedad. Y también revelan estos hechos, el grado de penetración política existente en la fuerza policial para encubrir actos de corrupción o delitos comunes como es el narcotráfico.s