Necesidad, urgencia y polémica
Luego de la publicación del decreto que modifica el régimen legal de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), se abrió el debate respecto a su impacto, y la efectividad de la medida, al tiempo de discutirse también la legalidad.
Cámaras Pymes celebraron el decreto destinado a bajar las demandas laborales por enfermedad o incapacidad, al considerar que dará mayor previsibilidad a los sectores productivos, aunque también reclamaron medidas para reactivar el alicaído mercado interno. El presidente de la Confederación General Económica (CGE), Oscar Gentili, sostuvo que las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en la Ley de ART son medidas que comienzan a dar previsibilidad a los sectores productivos, tendientes a generar nuevo empleo. Destacó la importancia que se den estos cambios en momentos donde la industria necesita recuperar la competitividad perdida en la última década. La industria de los juicios laborales amenaza la capacidad productiva y el crecimiento de la Argentina. Al cierre de 2016 se alcanzó un nivel récord de demandas, que hirió fuertemente a las pymes, a las economías regionales, a los trabajadores y al sistema laboral en su conjunto, advirtió Gentili. Por su lado, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), José Luis Ammaturo, destacó que el decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri es un avance hacia la revisión de un sistema que fue desnaturalizando los objetivos para los que fue creado. Señaló que a partir de su implementación se prevé que estas correcciones incidan en una reducción de los costos laborales y colaboren a una mejora de la competitividad de la industria. El objetivo está puesto en recuperar la competitividad de la industria y generar nuevo empleo, reduciendo los costos laborales sin afectar el salario de los trabajadores, afirmó. Según Camima, cada mes ingresan en un juzgado laboral entre 80 y 100 nuevos expedientes y hay aproximadamente 300 mil causas abiertas que, traducido a dinero, rondan los 5.000 millones de dólares. El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, sostuvo que si bien el negocio espurio de las ART debe ser eliminado, la primera necesidad de las Pymes es reactivar el consumo interno. Cuestionó que el Gobierno nacional ejecuta medidas que apuntan a bajar el salario, las jubilaciones y las pensiones, afectando directamente a la producción nacional. En tanto la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores calificaron hoy de antidemocrático el decreto que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo para bajar demandas por enfermedad o incapacidad, y convocaron al resto de las centrales obreras para definir un plan de acción contra esa medida y los despidos y suspensiones. Las dos organizaciones gremiales que encabezan Pablo Micheli y Hugo Yasky coincidieron en que el decreto representa una nueva ofensiva capitalista para bajar el costo salarial y de producción y favorecer la tasa de ganancia de las empresas. Quienes se manifestaron en contra de la medida, no descartaron recurrir a la Justicia bajo el argumento de decisión anticonstitucional. Pero más allá de la medida del gobierno, la decisión puso en el tapete un nuevo foco de conflicto con el sector de los trabajadores.s