“"La ley de Flagrancia transparenta a la Justicia”"

La jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, se refirió al primer proceso judicial realizado en la provincia en el que se aplicó la ley de Flagrancia 27.272, donde la magistrada fijó una condena a un acusado de atacar a golpes a un gendarme. La normativa modificó el Código Procesal Penal nacional y propició mecanismos que aceleran los trámites de todos los casos en que se detecte un delito en plena ejecución, es decir, en que el sospechoso sea hallado en “flagrante delito”, y además faculta a los jueces federales de primera instancia a fijar una sentencia en un tiempo máximo de 40 días. Desde el punto de vista de la funcionaria judicial, además de evitar que el tratamiento de las causas judiciales se prolonguen, con la aplicación del nuevo procedimiento “se transparenta el accionar de la Justicia, porque las audiencias son públicas y cualquier ciudadano puede asistir para analizar el desempeño del juez, del fiscal y de la defensa, y ver cómo se resuelve y con qué fundamentos se realizan los procesos”. Agregó en este sentido que quienes asistan a las audiencias pueden acceder a las razones que llevan a los magistrados a tomar sus resoluciones. “La Justicia es criticada porque no se entienden las resoluciones, que son en un sentido y en otros casos en otro, y estos procedimientos sirven para que cualquier ciudadano pueda ver cómo se desempeñan los órganos judiciales”, dijo la magistrada durante una entrevista en Radio Dos. “La celeridad en el juzgamiento de los delitos flagrantes debe ser el inicio de un sano ejercicio y que podamos contar con estas herramientas alternativas para solucionar los problemas de las personas y que se sientan más seguras y confiadas en la Justicia”, aseguró. Reconoció también que “el desafío es aceitar el mecanismo para que se aplique con celeridad la ley a todos los casos de flagrancia”. La jueza Cristina Pozzer Penzo, en diciembre de 2016 había rechazado un pedido del fiscal federal Aníbal Martínez, quien había intentado aplicar la ley aprobada en septiembre de ese año. Fue en un caso en el que apresaron a un hombre que comercializaba estupefacientes en el Complejo Terminal de Cargas de Paso de los Libres, pero en esa oportunidad la magistrada consideró que se carecía de especificaciones técnicas para proceder. Luego, la Cámara de Casación resolvió cuestiones en las que la normativa no se había contemplado, y facultó a los jueces de primera instancia para fijar penas, prerrogativa que hasta entonces era privativa de los tribunales orales. Es por ello que esta semana la magistrada dio lugar a la solicitud de la fiscal subrogante Miriam Benítez, de darle el trámite previsto en la ley de Flagrancia, y condenó a seis meses de tareas comunitarias a un hombre acusado de atacar a golpes a un gendarme.s