Policías cuatreros: causa por amenazas a juez penal recayó en magistrada civil

El expediente que se abrió por las amenazas de muerte que recibió el juez de Esquina Gustavo Vallejos -quien está a cargo de la escandaloso caso de abigeato en el que están involucrados policías provinciales de la Comisaría de Pueblo Libertador- quedó en manos de la magistrada Civil y Comercial de esa ciudad al sur provincial, María Lourdes Silvero, según informó Actualidad Esquina. La jueza oficiará de subrogante en la dependencia judicial penal de su par damnificado solamente para esa causa. En tanto, se busca determinar quiénes orquestaban el supuesto plan homicida. Ayer, el fiscal Carlos Gallardo recibió las actuaciones llevadas adelante por el subrogante Mario Aloy, quien había mandado a custodiar a Vallejos por la Policía, pero se gestiona una guardia de gendarmes. El fiscal titular, se aboca ahora a conseguir información para determinar quién fue la persona que el 21 de enero pasado interceptó al magistrado frente a su domicilio para contarle que supuestamente le habrían ofrecido dinero y un inmueble para que colabore con el plan para atentar contra juez. La información que podría aportar sería de importancia para conocer quiénes supuestamente intentaron orquestar un ataque contra el magistrado. Pero, debido a que el funcionario amenazado está impedido de intervenir en la causa, para que avancen estas investigaciones, se designó a Silvero para que instruya a los preventores y que controle para que se cumpla la garantía del debido proceso.

Procesamientos

Existen dos causas judiciales conexas en las que se pone en dudas el accionar de un grupo de policías provinciales. La primera, iniciada a partir de una denuncia por la sustracción de ganado de un campo en la localidad de Pueblo Libertador, ocurrida el 21 de diciembre. Los implicados habían llevado los animales al matadero municipal y uno de los operarios, al reconocer la marca de las vacas consultó con el dueño de un campo quien desconocía la matanza, y fue cuando denunció el posible robo de sus animales. La faena fue suspendida y responsabilizaron por la situación al titular de la comisaría local, Diego Aguirre, a su hermano Pablo, suboficial policial -a cargo de registro de marcas y señales de animales- y a tres civiles. Los efectivos policiales fueron separados de sus cargos y al igual que sus supuestos cómplices fueron procesados judicialmente, pero el juez Gustavo Vallejos los excarceló. El segundo expediente iniciado fue a partir de un hecho ocurrido el 21 de enero, -día posterior al que los implicados recuperaron la libertad- cuando un hombre advirtió al juez que había un plan para matarlo. El amedrentamiento “estaría relacionado (con el caso que involucra a policías) porque estuvieron detenidos y procesados”, dijo el funcionario. La averiguación de este hecho está en manos del fiscal Carlos Gallardo.

Presentació

n de la defensa

El abogado Juan Ángel Domingo Lotero, quien representa a Diego Aguirre, comisario policial procesado por la posible sustracción y faena de animales de una estancia de Pueblo Libertador, dio a conocer que su defendido se presentaría a declarar en forma espontánea en relación con las amenazas que denunció el juez Vallejos. “Estamos presentando un escrito para aclarar el hecho y para que se haga una presentación espontánea, aunque no existe ninguna imputación”, dijo en Radio Dos ayer. Respecto a esto firmó que Diego Aguirre “está intranquilo y preocupado porque la situación le genera una imagen negativa y porque, según afirma, no tiene nada que ver con esto, por el contrario, siempre estuvo tratando de demostrar su inocencia por el hecho de abigeato”. En relación con la causa de “abigeato calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dio a conocer que elevó una queja por el procesamiento. El letrado duda de la existencia de elementos para imputar al comisario y aseguró que “las pruebas no alcanzan para el procesamiento. Hay sólo indicios y son conjeturales”. Cuestionó la declaración de un testigo que complicó la situación de su defendido. “Hay un dicho del cuidador del sereno del matadero municipal quien dijo que la faena y la comercialización había sido autorizada por (Pablo Aguirre) el hermano del comisario Diego Aguirre”.

Silencio institucional

Pasaron diez días desde que el juez Vallejos fue alertado de que intentan atentar contra su integridad, y pese a la gravedad del hecho el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Corrientes aún está sin emitir un pronunciamiento, pero sus autoridades tienen previsto tratar el tema en los próximos días. Fuentes de la entidad autoproclamada como una “asociación que nuclea a los jueces provinciales en defensa de una función judicial independiente”, explicaron que desde diciembre están sin reunirse debido al receso veraniego. Un funcionario de la institución aclaró a NORTE de Corrientes que “el Colegio no tuvo ninguna reunión para tratar el tema de las amenazas al juez de Esquina, y ningún otro tema porque esta semana se está reanudando la tarea judicial”, aunque aseguran que la cuestión “preocupa”. Quienes se preocuparon por la integridad de Vallejos fueron los ministros del Superior Tribunal de Justicia quienes, al conocer la situación de riesgo, se contactaron con el funcionario y le garantizaron que se harían las averiguaciones para hallar a los responsables. El martes, en el primer día de actividad tras la feria judicial, los integrantes de la Corte provincial analizaron la situación y coincidieron en convocar al ministro de Seguridad provincial, Horacio Ortega, y al jefe de la Policía, Eduardo Acosta, para que expliquen las medidas que tomaron por los hechos que involucran a efectivos de la Policía. s