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Pavimentar la Ruta 40 será tres veces más caro que su precio original

De $97 millones pasó a $430. Una em­presa de Lázaro Báez tuvo que hacer la obra, cobró alrededor de $100 mi­llones, pero no hizo el trabajo.

La administración pro­vincial, liderada por el radi­calismo que este año inten­tará mantenerse en el po­der, como desde diciembre de 2001, hace dos años fo­calizó como eje de gestión los esteros del Iberá. Ayudó a convertir unas 120 mil hectáreas -dentro del hu­medal correntino- en par­que nacional, jurisdicción que pasó a la órbita federal. En ese marco la pavimen­tación del acceso principal a los esteros, es clave, la Ruta provincial 40 tuvo que ser pavimentada hace casi unos diez años. En ese en­tonces los 40 kilómetros de pavimento fueron valuados en $97 millones y tenían un plazo de ejecución de obra de dos años. La firma que se quedó con la licitación fue Adelmo Biancalani, radicada en las afueras de Resistencia (Chaco), es una de las empresas que formó parte del universo de firmas del empresario kirchneris­ta: Lázaro Báez. El pasado jueves se firmó el acuerdo entre la Provincia y la Di­rección Nacional de Via­lidad, para un nuevo lla­mado a licitación, el cos­to económico proyectado fue de $430 millones.

Biancalani, casi diez años después de adjudi­carse la obra, fue dada de baja en medio del escán­dalo de cómo se adminis­tró la obra pública durante los doce años de Gobierno kirchnerista. En Corrien­tes la firma -además de no hacer la obra- cobró, según sospecha la Justicia Fede­ral, unos $100 millones a lo largo de los años, en con­cepto de adelantos para la obra. Para poder percibir esos recursos, la Dirección Provincial de Vialidad es el organismo que emitía las certificaciones. Es decir que era el veedor de que los trabajos se realicen. A me­diados de abril de 2016 el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini radicó una denun­cia ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Juan Carlos Vallejos. Pidió justamente que se investigue cómo la firma había percibido esos adelantos cuando los tra­bajos no se hicieron, sólo tareas secundarias, como movimiento de suelo y algu­nas alcantarillas. El propio magistrado Vallejos realizó una inspección ocular en el camino -que sigue siendo intransitable cuando llueve- y corroboró que el pavimen­to no fue hecho en el tramo que se inicia desde la inter­sección con la Ruta nacional 123, muy cerca de Mercedes.

La pavimentación es ne­cesaria no solamente para el turismo nacional y ex­tranjero, que mermó por ejemplo durante el invier­no pasado, a raíz de que el viaducto con dos días lluviosos de seguido queda intransitable. El pavimento además, es la salida rápida de camiones que transpor­tan toneladas de arroz ha­cia Brasil y puertos como el de Rosario y Buenos Aires. Lo paradójico es que hace diez días quien estuvo en la Ruta 40 fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre la caja de una camio­neta a la vera de dicho ca­mino, firmó junto al gober­nador Ricardo Colombi un convenio para obras viales y construcción de vivien­das. Luego el funcionario nacional fue llevado por el anfitrión, en una espe­cie de paseo guiado por las miles de hectáreas sembra­das con el monocultivo en toda la zona cercana a los esteros.s

Requisas en los ministerios

Una de las medidas tomadas por el juez federal Nº 2, Juan Carlos Vallejos, fue buscar documentación sobre los certificados de obras emitidos por la Dirección Pro­vincial de Vialidad. Efectivos de la Prefectura Naval, con la orden del magistrado, requisaron dicho organismo y los ministerios de Obras Públicas y el de Hacienda y Finanzas. Lo que llevó a tomar dicha determinación al juez fue un robo perpetrado en el área de Vialidad don­de justamente se emiten las certificaciones.

Además, en paralelo hubo otras denuncias sobre los controles de obras. El organismo provincial utiliza para ese monitoreo, a agrimensores y no ingenieros, como establecen las normas nacionales. Sobre esta cuestión puntual, la Federación Nacional de Ingenieros solicitó al Poder Ejecutivo provincial que modifique dicha si­tuación, de lo contrario harán intimaciones al Gobierno local.s