La situación de Lorhmann truncó beneficios para los demás condenados

“Otorgarle el beneficio pe­ticionado ostensiblemente obstaculizaría la labor de la Justicia entorpeciendo con posibilidad concreta en con­nivencia con los prófugos jefes de la organización (...)”. El párrafo corresponde a un fundamento del Ministerio Público Fiscal (MPF) para solicitar que se le negara algunos beneficios procesa­les a los condenados Ángel Barbieri -25 años de prisión en el primer juicio por el se­cuestro de Cristian Schae­rer- y Claudio Cornelli Belén -sentenciado en el segundo debate oral a 12 años de cár­cel-. Entre los pedidos, que interpuso la defensa en estos últimos meses, los condena­dos pidieron que sean incor­porados en los regímenes de libertad condicional (en el caso de Cornelli Belén, preso en la Unidad 12 Colonia Pe­nal de Viedma) y de salidas transitorias (para Barbieri, detenido en la provincia de Misiones).

La postura del MPF, cuyo representente interviniente en la causa por la desapari­ción del joven estudiante es el titular de la Fiscalía Fede­ral de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, Flavio Ferrini, siempre se basó principal­mente en tres hechos: que se encuentra pendiente un ter­cer juicio oral, aún sin fecha y con dos imputados (con la detención de Lorhmann y de Maidana se abre la posi­bilidad de un cuarto debate oral), que aún existe peligro de fuga, y sobre todo, porque al momento en que se soli­citaron esos beneficios los cabecillas de la banda, hoy capturados, estaban prófu­gos y se trataba nada menos que de los criminales más buscados de la Argentina. Y los jueces respondieron en el mismo sentido que el Minis­terio Público. “La liberación parcial a través de salidas transitorias podría obstacu­lizar la investigación que se lleva adelante para dar con el paradero de las personas prófugas”, había señalado en un fallo del año pasado, el juez de Ejecución de Conde­na, Fermín Ceroleni.

Para reforzar la sentencia desfavorable para los con­denados, el juez indicó: “En virtud de hechos delictivos como el sufrido por Cristian Eduardo Schaerer, el legis­lador ha incorporado por Ley 25.948 el artículo 56 bis a la ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, por el cual no se otorgan los beneficios comprendidos en el período de prueba a quienes son condenados por determinados delitos, entre ellos está previsto el delito de secuestro extorsivo si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofen­dida”.

En este sentido, y como ya lo hizo el mismo juez en un fallo anterior, de 2015, en el que rechazó el beneficio para Cornelli Belén, el magistrado reconoció que tras más de una década del secuestro de Cristian, ya es difícil en­contrarlo vivo: “No puedo dejar de valorar el hecho real y concreto que luego de casi trece años (...) Cristian Eduardo Schaerer no apare­ce con vida, por lo que cabe suponer que resulta cada vez más difícil que ello suceda, situación que se equipara con la desaparición forzada de persona, siendo ello un obstáculo más para la con­cesión de lo peticionado (...)”.

UN MAL DESTINO

Otras personas que es­tuvieron vinculadas con el secuestro extorsivo de Schaerer, fueron noticia además por otros hechos policiales. Uno es el caso del ex agente federal Miguel Ángel Ramírez, quien fue detenido en julio pasado en Buenos Aires, en una causa por narcotráfico en la que está procesado. Se lo investi­ga como presunto integrante de la organización “Los Co­rrentinos” que traficaba dro­gas desde Paraguay al Gran Buenos Aires. Había sido absuelto en el segundo juicio por el secuestro de Cristian, pero en noviembre de 2015, la Cámara Federal de Casa­ción Penal revisó el fallo y re­solvió condenarlo a 18 años de prisión. Esto último está pendiente de revisión por or­den de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, a mediados de 2014, Paraguay mandó un oficio a la Justicia Federal de Corrientes requiriendo la ex­tradición a ese país de Néstor Horacio Barczuk -condenado a 25 años de prisión en el pri­mer juicio- para someterlo a proceso judicial por el caso del rapto de una mujer en 2004, que luego fue liberada tras el pago de un millonario rescate.

Meses antes, otro de los sindicados integrantes de la banda de secuestradores, Oscar “Caniche” Salgán, fue título de este diario. El con­denado en el segundo juicio en 2009 a 25 años de cárcel (junto a Cristian Carro Cór­doba, que recibió la misma pena; Gonzalo “Paragüita” Acosta -12 años- y Claudio Cornelli Belén) fue llevado a proceso por el delito de uso indebido de documento pú­blico. La Justicia provincial lo sentenció a la pena de tres años y seis meses de prisión en efectivo, por un caso re­gistrado en marzo de 2000, tres años antes del rapto del estudiante correntino. En esa época, a Salgán se le abrió una investigación en la que se lo acusaba de haber utili­zado una cédula de identidad apócrifa para obtener un cer­tificado de buena conducta en la Comisaría Segunda de Paso de los Libres. Más recientemente, a finales de 2016, la Policía Federal apre­só por drogas a Carlino Rojas Morel, sobreseído en prime­ra instancia en el caso Schae­rer. Estuvo acusado de haber ocultado en Misiones a Cris­tian. Ahora lo sindican como proveedor de la narcobanda rosarina “Los Monos”.s

Muerte de abogado 

Ernesto “Tito” González, el abogado que actuó como querellante en el caso Schaerer, fue acribillado a me­diados de 2015 de seis disparos por su cliente, Carlos Martínez -acusado de la violación de dos sobrinas-. Fue cuando el letrado se disponía a desayunar en el mencio­nado local de la esquina de Mendoza y 9 de Julio. Tras la ejecución, el agresor se mató con la misma arma: una pistola Bersa de 9 milímetros. González, de 63 años, era uno de los penalistas más conocidos de Corrientes.