Highton de Nolasco encontró respaldo en su propio fuero
Un juez federal de primera instancia hizo lugar al amparo que presentó la ministra de la Corte para continuar después de los 75 años.
El juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a la acción de amparo formulada por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, para poder continuar en el cargo una vez que cumpla los 75 años, meta que alcanzaría en diciembre próximo y que es el límite que estipula la Constitución Nacional para permanecer en la magistratura.
La decisión del magistrado de primera instancia se produjo tres días después de que el Gobierno nacional presentara sus argumentos en contra de que la ministra permaneciera en el cargo tras alcanzar el límite de edad previsto por la Carta Magna. Lavié Pico falló en favor de la única mujer en la actual composición de la Corte Suprema y citó como antecedente el caso del difunto juez Carlos Fayt, quien se mantuvo en el cargo hasta los 97 años, aunque las circunstancias (excepcionales desde todo punto de vista) fueron distintas.
De todos modos, tanto Fayt antes como Nolasco ahora, van en contra de la Constitución, a la que juraron respetar. Justamente, al formular su amparo, Highton de Nolasco había pedido que se declare la nulidad de la reforma de 1994 en relación al artículo 99, inciso 4º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional, referido al límite de edad de los miembros de la Corte.
El propio precedente Fayt rechaza cualquier distinción que pudiera hacerse respecto de los jueces que asumieron en sus cargos con anterioridad o con posterioridad a la reforma, sostuvo Lavié Pico en el fallo de 18 páginas que emitió ayer.
El magistrado detalló que en el caso citado se resolvió declarar la nulidad de la reforma introducida al artículo que estableció que los 75 años -que Highton cumplirá el 7 de diciembre- eran el límite máximo de edad para un ministro del máximo tribunal.
El juez federal también sostuvo que cree que el límite de edad para el ejercicio de un cargo público resulta razonable, pero que en las condiciones jurídicas actuales la única alternativa válida para su implementación sería por medio de una nueva reforma constitucional autorizada a tal efecto.
Highton de Nolasco había aseverado en su presentación judicial que en 1994 no existía autorización alguna para modificar el régimen de estabilidad vitalicia de los magistrados, ni fijar un límite de 75 años como finalmente lo hizo la Convención Constituyente. s