Policías cuatreros: sospechan que se filtra información de los juzgados

Funcionarios judiciales, que investigan a policías involucrados en un posible caso de abigeato y de haber amenazado de muerte al juez penal de Esquina, Gustavo Vallejos, sospechan que podría existir una filtración de los datos en los juzgados que llevan adelante estas causas.

La advertencia ya la había hecho uno de los abogados defensores de Aguirre, pero la hipótesis se fortaleció después de que este imputado desapareció por varias horas justo cuando la jueza civil María Lourdes Silvero pidió su detención en el marco del expediente por las amenazas al juez que se abrió en forma paralela a la de abigeato. La búsqueda del sospechoso fue infructuosa, pero finalmente se entregó voluntariamente y quedó privado de la libertad.

Según dejaron trascender fuentes judiciales, “Aguirre fue detenido y alojado en la comisaría Primera de Esquina, bajo custodia de policías que podrían tener vinculación personal con él, y que además reciben órdenes de la plana mayor”. Y es por esto que existe temor de que se ponga en riesgo el proceso investigativo, al tiempo que continúa en peligro la integridad de Vallejos. La privación de la libertad ambulatoria del oficial se produjo el viernes pasado, cuando se presentó en el juzgado con sus abogados, pese a que ese día era feriado en Esquina, por el aniversario de su fundación.

Filtraciones

La jueza Silvero -quien subroga en el juzgado de Vallejos solamente para este caso de amenazas- resolvió emitir una orden de detención contra Diego Aguirre el jueves pasado en horas de mediodía. La magistrada pidió la colaboración de la Gendarmería para allanar el domicilio del policía y así apresarlo.

Pero, antes de emitir el mandato de aprehensión se habría informado a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y a la Jefatura de Policía la situación judicial del efectivo policial, el que hasta hace poco estaba a cargo de la comisaría de Pueblo Libertador. El viernes a la mañana los efectivos de la Gendarmería se dirigieron hacia Pueblo Libertador para apresar al imputado, pero cuando llegaron éste estaba ausente. Fue por ello que se realizó una búsqueda en los lugares a los que habitualmente concurre, pero no pudieron hallarlo.

Funcionarios involucrados en la causa judicial comentaron que el viernes a las 14 un alto funcionario de la Policía se comunicó telefónicamente con el oficial de la Gendarmería encargado de coordinar las diligencias ordenadas por la jueza Silvero. En esa comunicación el policía informó al gendarme que Aguirre se presentaría en el juzgado a la hora 17, por lo que “recomendó” dejar de buscarlo. Pese a esto, el rastreo continuó durante toda la tarde.

Finalmente el imputado se presentó por sus propios medios al juzgado, aproximadamente a las 17.30 y acompañado de sus abogados patrocinantes, quienes excusaron la ausencia de su domicilio ya que “aparentemente había ido a pescar”.

Muerte por encargo

La causa por la que fue detenido Diego Aguirre está caratulada como “supuesto homicidio calificado por promesa de remuneración en grado de tentativa”. Lo que se le imputa es haber cavilado un plan para asesinar al magistrado que lo procesó por los delitos de “abigeato calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La sospecha del atentado surgió a partir de una advertencia que recibió el juez de parte de un hombre a quien supuestamente se le había ofrecido un inmueble y dinero para asesinarlo. Fue el 27 de enero, día en que radicó la denuncia en la fiscalía.

“Llegué a mi domicilio después de haber estado en el juzgado y me encontré con una persona que me dio esa información (el supuesto plan del atentado). No conozco a esta persona, pero al requerirle los datos de identidad me pidió la reserva, porque tiene miedo, por tratarse de funcionarios policiales”, relató el magistrado.

El informante le habría advertido que el posible atentado podría tener relación con el caso de robo de ganado, en el que procesó a dos policías y tres civiles. La denuncia fue recibida por el fiscal en feria, Mario Aloys, quien ordenó a la Policía -pese a ser la fuerza de seguridad bajo sospechas- que envíe una custodia para el magistrado. Tras el reinicio de las actividades judiciales tras la feria veraniega, la jueza María Lourdes Silvero se hizo cargo de la causa por amenazas y llamó a declarar a un testigo.

Paralelamente a esto ordenó la intervención telefónica -por el término de 30 días- de varios números telefónicos, y pidió al Departamento de Interceptación y Captación de las comunicaciones de la Procuración General de la Nación toda la información sobre otras líneas. En relación a ello solicitó a una empresa de servicio telefónico la nómina de llamadas y mensajes entrantes y salientes -producidos por el periodo de 6 meses- desde los equipos utilizados por los sospechosos; y la nómina de personas que visitaron a Diego y a Pablo Aguirre, funcionarios policiales que habían estado detenidos por abigeato, pero que fueron excarcelados.s