Correo: Macri padre podría pasar de deudor a demandante del Estado

Apuntada por todo el oficialismo por su situación de revista en la repartición que dirige la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, sigue adelante en la tarea de develar el insólito acuerdo entre el Correo Argentino SA (propiedad de Franco Macri) y el Estado nacional (circunstancialmente hoy administrado por Mauricio Macri), respecto de la deuda que la empresa arrastraba desde el año 2001.

El convenio significó la licuación de la millonaria obligación que tenía el padre del Presidente. Como mínimo, siguiendo los números que da el Gobierno, la deuda que era de 3.000 mil millones quedará reducida a menos de 600 millones, a pagar en cuotas a largo plazo. Si el entendimiento sonaba raro, lo peor se conoció el viernes: Correo Argentino, es decir Franco Macri, puede accionar contra el Estado. Pasaría de ser un deudor beneficiado a un demandante judicial.

La fiscal Boquín ingresó un segundo escrito ante la Sala B de ese tribunal y evaluó que Correo Argentino SA “posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado”, es decir, es el mismo “acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva”. La funcionaria advirtió que existió una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado, en la que se le reclamaba daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada. Según explicó, esa acción fue realizada “15 días antes de la audiencia en la cual el Estado prestó conformidad a la propuesta reformulada por la concursada” por la deuda.

Es por ello que la fiscal consideró que ese reclamo, que aún tramita en el fuero Contencioso Administrativo y no fue denunciado por la concursada, es muestra de que el Correo “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa, mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”.

En ese sentido, la fiscal sostuvo que la posición de Correo Argentino SA en el expediente contencioso “convierte en aún mas abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7% anual reclama al mismo acreedor un interés del 11%, por lo menos hasta 2009, mas los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.

A todo esto, la vicepresidenta Gabriela Michetti sostuvo que “es razonable” que la Justicia revise el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino SA, mientras aseguró que el presidente Mauricio Macri no sabía de la negociación. “Nadie se va a meter, todo lo que se quiera investigar, que se haga”, destacó la presidenta del Senado en declaraciones a Radio Nacional, al tiempo que subrayó que no deben caber dudas de que el Gobierno “busca procesos transparentes”.

Por su parte la legisladora porteña Graciela Ocaña criticó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, por considerarlo “abusivo”, pero subrayó que la fiscal Gabriela Boquín hizo cálculos que están “viciados”, porque provienen de un organismo de la Procuración General, que conduce Alejandra Gils Carbó. No obstante, aclaró: “Nos parece a todos abusivo. Por una deuda que era de 3.000 millones se terminarán pagando 600 millones, pasados tantos años”. La fiscal entiende que se realizó una quita del 98,8 por ciento sobre el total de la deuda, y abrió así una discusión en torno a si deben calcularse o no los intereses cuando ha tenido lugar una quiebra, de acuerdo a la legislación vigente.s