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Acusaron a juez de trabar causa por estupefacientes

El ministerio Público Fiscal advirtió dificultades en el trabajo diario.

Los allanamientos realizados en Itatí y Corrientes el martes pasado se ejecutaron después de que la Cámara de Apelaciones de Corrientes ordenó al juzgado de Instrucción que se haga posible las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Este dictamen fue por una queja elevada por la Fiscalía de Primera Instancia, la Fiscalía General Federal de Corrientes y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ya que desde noviembre se solicitaron detenciones y confiscaciones en el contexto de causas por asociación ilícita, falsificación de documentos, narcotráfico y lavado de activos que involucra a una organización que distribuía grandes cantidades de marihuana hacia siete provincias y que operaba desde Itatí en la que están involucrados Mariela Terán, su pareja, Ricardo Walter Piris y Elías Javier Sánchez -los tres detenidos-, y Luis y Cirilo Saucedo, prófugos. Respecto a esto, el fiscal General de Corrientes, Carlos Schaefer, acusó al juez Carlos Soto Dávila de paralizar las averiguaciones.

“Desde noviembre hemos pedido un montón de medidas. Estamos trabajando de manera complicada, y esto es parte de un informe que se presentó el año pasado donde se da cuenta de tantos problemas que estamos teniendo con la poca agilidad de esos trámites”. Acusó al magistrado de propiciar la liberación de acusados por narcotráfico y trata de personas sin justificativo para su liberación. “Sabemos que hay organizaciones criminales que estamos investigando y que son detenidas pero rápidamente son excarceladas y eso nos llama rápidamente la atención”. Las dificultades para el trabajo llevaron al Ministerio Público a elevar una queja a la Cámara de Apelaciones por el accionar del magistrado y demorar tres años y medio el inicio de la investigación, y por no haber tomado en cuenta una cantidad de medidas que habían sido solicitadas, las cuales “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.

En relación con otra causa “se ha hecho una denuncia contra el juez Soto Dávila el año pasado y contra su secretario porque pudimos advertir, por ejemplo, en una causa la falsificación de una testimonial y hasta se ha llegado a falsificar la firma de un abogado”. En este caso se hizo una devolución irregular de un automóvil incautado en una causa de narcotráfico y lavado.s