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La Justicia reclama documentación a Aguad sobre el acuerdo con el Correo

Dio plazo de 24 horas para que el ministro de comunicaciones responda. Gendarmería está a cargo de la orden judicial.

El juez federal Ariel Lijo dispuso la búsqueda de información en el Ministerio de Comunicaciones, a raíz de la investigación sobre si existió delito en el acuerdo con el Correo Argentino S.A. por la deuda que mantiene con el Estado Nacional. Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso que una comisión de la Gendarmería se presente en el ministerio para exigir cierta documentación, para lo cual se fijó un plazo de entrega de 24 horas.

Lijo dispuso que el ministerio que conduce Oscar Aguad informe sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra; además de los antecedentes del director de Asuntos Jurídicos de dicha cartera, Juan Manuel Mocoroa, abogado que realizó el ofrecimiento que implicaba una quita sustancial de la deuda.

Solicitó también que se brinden detalles sobre el marco normativo respecto de las atribuciones que tienen tanto el Ministerio de Comunicaciones como Aguad para afrontar el tema de la deuda. Se trata de las primeras medidas de prueba ordenadas por Lijo tras el pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien la semana pasada imputó a Macri, Aguad y Mocoroa por la deuda del Correo Argentino S.A., para determinar si “el interés público” fue “protegido de forma adecuada”.

Lijo pidió, en paralelo, que la Cámara en lo Comercial le entregue copias certificadas sobre las ofertas y contraofertas de las negociaciones en torno a la deuda entre el Estado y el Correo Argentino; las opiniones que dio la Fiscalía, la Sindicatura General de la Nación; y los síndicos controlantes y verificantes.

También a la Auditoría General de la Nación que aporte las opiniones que hizo en torno al concurso preventivo del Correo Argentino y lo mismo con la Procuración del Tesoro de la Nación. De esta forma, el magistrado le dio curso a las medidas solicitadas por el fiscal Zoni, aunque no dio lugar a su pedido de imponer el secreto de sumario sobre la causa.

“En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, había reclamado Zoni al imputar a Macri.s

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