Citan a declarar a funcionario judicial por posible maniobra de estafa procesal
Es en el marco de una investigación por posible intento de entrega irregular de un vehículo incautado. La causa roza al juez Carlos Soto Dávila.
El juez federal Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, citó a declarar a Pablo Molina, quien se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 de la misma jurisdicción, en el contexto de una investigación por supuestas irregularidades en un incidente para la restitución de un vehículo secuestrado por lavado de dinero y narcotráfico. Molina será indagado en relación a una investigación por los posibles delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento, en los que también está involucrado un administrativo, Zacarías Issolio. En esta causa también están bajo sospechas el juez Carlos Soto Dávila, jefe directo de Molina; los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano y Víctor Manuel Fernández. Este último había declarado que adquirió el vehículo que fue incautado de una concesionaria automotriz en la que se lavaba dinero del narcotráfico. El escrito emitido por el magistrado Juan Carlos Vallejos indica: Fíjese nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 3 de marzo a las 9, a los efectos de recibir la declaración de Pablo Molina, esto es porque antes del inicio de la feria judicial veraniega había sido convocado, pero estuvo imposibilitado de asistir. El mandamiento indica: Hágase saber al nombrado el derecho que le asiste de designar abogado defensor de su confianza, previo acto de la indagatoria bajo apercibimiento de tener por designado al defensor oficial. La citación es porque el fiscal federal general Carlos Schaefer y el fiscal de primera instancia, Flavio Ferrini, pidieron que se investigue si en forma organizada y mancomunada, Fernández y los abogados Agnello y Barboza Galeano realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La hipótesis es que los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado.s