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En los últimos cinco años afloraron once asentamientos en diversos barrios

La mayoría de las ocupaciones se produjeron en 2012. Uno de los predios tiene pedido de desalojo y espera la definición de la jueza.

Desde el año 2012 se vienen produciendo usurpaciones de terrenos, que en su mayoría fueron causales de un proceso judicial que se desarrolla lentamente y que apunta al desalojo de quienes ingresaron de manera ilegal. Hasta el presente en ningún caso se concretó la mudanza compulsiva. Este medio tomó contacto con diversas áreas judiciales donde se encuentran las más de 10 causas en curso.

Entre los predios tomados están el Pirayuí (2012), Galván (2012), dos predios en el barrio Quilmes (uno en 2012 y uno en 2015), San Jorge (2015), Patono (2015), Virgen de los Dolores (2015) 17 de Agosto (2015), Barrio Nuevo (2016) y San Roque Este (2016) y en las primeras semanas de este año se produjo la toma de un predio en el barrio San Roque Oeste.

Si bien no hay censos oficiales que den cuenta cuál es la cantidad de personas que habitan en los asentamientos, en un recorrido realizado por este medio se logró observar que en promedio hay más de 200 grupos familiares en cada uno de ellos. Las familias en la mayoría de los casos, viven algunos meses y luego venden el espacio para ir a otro lugar. Lo que significa que al menos 2.000 grupos en esta Capital viven en predios tomados en los últimos cinco años.

La fiscal correccional Nº 2, María Andrea González, al ser consultada sobre el tema dio detalles de la situación de las causas que recayeron en su fiscalía, y aclaró: “Son temas complejos sobre los que venimos trabajando hace varios años”, y remarcó que la causa Picchio -predio del barrio Quilmes- ha logrado avances. “En este caso la jueza dictó falta de mérito para todas las personas que se encontraban en el lugar, pero he presentado un recurso de apelación y hace algunas semanas pedí el desalojo del lugar”, enfatizó la fiscal en contacto con este matutino.

En ese contexto, destacó que el pedido fue enviado a la jueza correccional Nº 2, Cristina Sánchez, que será quien debe concretar la orden. “Entendemos en la Justicia que las personas que se encuentran en el lugar ingresaron a sabiendas de que se trataba de un terreno privado y de igual manera decidieron hacerlo, hemos cumplimentado todos los pasos legales y administrativos para llegar a esta instancia y ahora esperamos la resolución de la jueza”, insistió González.

En lo que respecta a las otras causas que también recayeron en su despacho, como la del barrio Virgen de los Dolores y la del Patono, remarcó que están detenidas porque las personas que fueron citadas a declarar no concurrieron, lo que hace que la fiscalía no pueda avanzar de manera concreta.

Se estima que son al menos 10 los predios usurpados en los últimos cinco años en la ciudad que se han fortalecido y donde la compra y venta de terrenos es moneda corriente, ante una crisis habitacional que ha empujado a las familias a vivir de manera ilegal. Poco se pudo saber sobre la situación del asentamiento del barrio Pirayuí, la primera toma que en 2012 provocó el ingreso de familias a predios en varios puntos de la ciudad. La causa estaría en el ámbito de la Justicia civil, pero sin avances notorios en los últimos tres años. s